A lo mejor acoquinada por la inseguridad y otros problemas mayores, la sociedad ecuatoriana permanece indiferente ante las maniobras cuyo fin es tomarse, de una vez por todas, la Justicia.
Salvo pocas excepciones, los ecuatorianos no reaccionan ante semejantes atropellos a la decencia y a la memoria de quienes, en otros tiempos mejores, se fajaron para evitarlos.
Sin haberlo desmentido, un abogado de narcotraficantes acaba de asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura, el órgano administrador de la Justicia, responsable de la elección de jueces, conjueces, entre ellos, para la Corte Nacional. Nada menos.
Lo hace tan campante, como campantes están quienes, tras jugadas sucias y, a lo mejor, a cambio de, lo eligieron, en especial la de aquel ciudadano cuyo voto fue determinante para reconsiderar la elección de la profesional escogida en primera instancia.
Ni siquiera votó para elegir al defensor de narcos; bastó prestarse para la maniobra fraguada en los corrillos de la indecencia.
Seis meses al frente del CJ podrían serle suficientes para, posiblemente, nombrar jueces para la Corte Nacional encargados de revisar sentencias y de cometer otras trapacerías.
No se trata de atizar, pero los ecuatorianos toman tales acciones antiéticas como si nada pasara. Claro, las sociedades, entre la falta de pan y la justicia, protestan por lo primero; lo segundo es lo segundo, y ni eso.
Analistas serios advierten de cómo se viene cocinando la elección del nuevo Fiscal General, cuyo poder es mucho mayor al del Presidente de la República.
El reglamento para la elección comienza a despertar sospechas, dando prioridad, por ejemplo, a la prueba oral, apetecida por tinterillos, aunque de Derecho no sepan nada.
Esto ya debería movilizar a la gente de a bien. Quién sabe si otro defensor de narcos o de políticos ligados a ellos quiere asumir la Fiscalía.
Todo es posible en este país “de dejados”.
