Rafaela Cortés, gobernadora del departamento colombiano del Meta, lleva apenas siete meses en el cargo y siente que cada día «perdemos más territorio» frente a las disidencias de las FARC, que se están fortaleciendo, por lo que pide al Gobierno que permita comenzar un diálogo regional de paz con ese grupo.
«Estos grupos de disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC cada vez se fortalecen más. Ha crecido la extorsión; en algunos municipios ya han empezado a extorsionar todo el comercio, a mandar citaciones, a decirle a la gente y los municipios que cierren sus negocios», denuncia, en una entrevista con EFE, la gobernadora de este departamento agropecuario y petrolero del centro de Colombia.
El EMC comenzó el 16 de octubre pasado unas negociaciones con el Gobierno central que incluyeron un cese al fuego, pero este grupo se ha dividido en dos: uno comandado por ‘Iván Mordisco’ que se ha salido de la mesa y otro menor que sigue negociando y del que uno de sus comandantes es alias ‘Calarcá’, que se mueve en el Meta.
Municipios «fantasma»
Debido a esas divisiones estos dos grupos ya han empezado a chocar en regiones como el Meta, donde «la población civil ahora está en medio de dos grupos que no se quieren, que ya se declararon la guerra, pero que están pidiendo extorsiones a la población civil».
Esto «va a generar nuevamente desplazamiento» en un departamento donde las FARC y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron muy fuertes en el pasado y provocaron que un cuarto de la población sea víctima del conflicto, pero que vivió con el acuerdo de paz de 2016 unos años de esperanza y grandes avances en la paz.
Según la gobernadora, en el Meta ya hay «municipios fantasma» y los grupos armados ilegales se fortalecen gracias a las extorsiones y también al «reclutamiento de menores» y a la «instrumentalización de la población civil».
Este miércoles el Ejército denunció que los grupos armados están empleando menores para fines criminales en el Meta, donde detuvieron a dos jóvenes extorsionando y también se han detectado en municipios del sur a otros menores que son usados para entregar los volantes intimidatorios y extorsivos, e igualmente, son utilizados para enviar estos mensajes a través de redes sociales y Whatsapp.
Diálogo regional
«Venimos denunciando esos actos hace muchísimo tiempo y no escuchamos eco», afirma la gobernadora, quien dice que en junio ella misma se reunió con ‘Calarcá’ para proponerle «un modelo piloto de diálogos regionales donde los gobernadores y alcaldes sean protagonistas», una idea que también le ha planteado al Gobierno para que se «aproveche» la voluntad de paz de los gobernadores y alcaldes.
«¿Qué gobernador y qué alcalde no quiere la paz? Todos queremos la paz, pero una paz donde no haya reclutamiento, donde no haya instrumentalización de la población», añade Cortés.
La gobernadora critica, sin embargo, lo sucedido esta semana en Antioquia (noroeste) donde una caravana de siete vehículos oficiales en la que viajaba ‘Calarcá’, quien es negociador de paz con el Gobierno, transportaba también a disidentes de las FARC que tenían órdenes de detención vigentes, hasta que fueron detenidos por el Ejército.
«Lo que pasó fue algo muy fuerte para nosotros. Mis alcaldes (del Meta), que están amenazados, no tienen, por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), carros o escoltas y esta gente tiene toda esa protección y todos esos escoltas«, dice Cortés, quien se pregunta «¿por qué a esa gente que está en los territorios no se le protege?».
De hecho, ve una desconexión grande del Gobierno con las regiones y sus problemas, y a pesar de que, desde que asumió el cargo en enero se ha reunido dos veces con el presidente colombiano, Gustavo Petro, cree que el mandatario debería escuchar más a las autoridades regionales y locales.
«Yo creo que el presidente es el presidente de todos los colombianos y todos los gobernadores quisiéramos ser mucho más cercanos, quisiéramos que el presidente aprovechara mucho más a los gobernadores, quisiéramos tener una conexión más cercana con el Gobierno nacional», afirma. EFE
