Del Ministerio de Economía, convertido en todopoderoso tesorero, depende si los demás funcionan a gas, gasolina, diésel, con pies de plomo o agonizan.
Ni se diga las direcciones regionales o provinciales de los otros Ministerios; peor las pequeñas instituciones cuyos presupuestos se nutren del dinero estatal.
Frente a los reclamos, la respuesta siempre es la misma: el Ministerio de Economía no transfiere los recursos. Pueden pasar 3, 4, 7, 9 meses, un año, o más incluso.
Ese tipo de quejas se escuchan de alcaldes y prefectos. Si su nivel de representación y, de alguna forma, su poder político, no tienen respuesta inmediata, peor las organizaciones sociales y fundaciones cuya labor es humanitaria, de velar por niños y niñas en condición de vulnerabilidad, de adolescentes desprotegidos y de mujeres víctimas de violencia.
Ellas se nutren de los recursos producto de la autogestión. También de los provenientes del Estado mediante convenios suscritos con el Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Y es allí donde el “círculo vicioso” se engrasa con el suplicio eterno: las organizaciones reclaman a las direcciones provinciales del MIESS, estas lo hacen a su “matriz” y está al Ministerio de Finanzas.
Un reportaje de este diario revela la calamitosa “muerte lenta” de Hogar Infantil Tadeo Torres, regentado por la Fundación San Vicente de Paúl.
“Agonizamos” ha dicho su presidenta María Rosa Corral. Y con eso lo dice todo.
La situación extrema les ha llevado a poner en venta sus bienes, como aquel donde son atendidos niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
En similar situación, o peor, están otras casas de acogida. Por algunos meses esperan los pagos; en algunos casos les cancelan por partes, mientras se amontonan las deudas.
El MIES y el Ministerio de Finanzas deben leer los artículos de la Constitución relacionados a garantizar las condiciones para la protección integral de los grupos vulnerables.
