Esta expresión adquiere vigencia en el mundo académico y también en la sociedad en general, en los años sesenta del siglo anterior. Se la emplea para sistematizar en un concepto las múltiples intervenciones que se efectúan ante los poderes públicos con el fin de obtener la concesión de ventajas materiales o el sostén de posiciones ideológicas.
Este concepto es de uso común y también es objeto de estudio científico, porque sus diferentes elementos y sus distintas connotaciones tienen que ver con situaciones delicadas y complejas en el mundo de la política y de la sociedad. Para algunos, los grupos de presión son un elemento connatural al funcionamiento de las sociedades. Para otros, por el contrario, contribuyen a desnaturalizar a los regímenes políticos y son un potente factor de debilitamiento o anulación de la democracia.
Son diferentes causas históricas las que han impulsado la formación de los grupos de presión, como la emergencia del capitalismo y los salarios de los trabajadores; y, las doctrinas e ideologías políticas. Los grupos de presión gestionan las reivindicaciones de los sectores sociales, siendo los factores: influencia e interés, los elementos fundamentales de esta forma de organización social.
Los grupos de presión han existido siempre bajo diferentes formas y modalidades dependiendo de la cultura en la que se manifiestan. Su presencia en la vida social, es un elemento más, de los tantos que interactúan en los escenarios históricos. Al ser un ente social, los grupos de presión mantienen con el poder público, relaciones que algunas veces pueden parecer o ser de privilegio y no se dan necesariamente, en el marco de la buena fe y del interés colectivo, principios esenciales de toda relación jurídica y de la convivencia organizada.
Sería muy propio a la labor de la universidad ecuatoriana que sociólogos, politólogos y otros investigadores de las ciencias sociales, apoyados en la estadística y en otras ramas del conocimiento, puedan trabajar en un proyecto que permita comprender mejor, cuáles son y como interactúan con el poder político los grupos de presión que tienen como escenario al Ecuador. Existen algunos textos sobre esta temática, pero se podría desarrollar conjuntamente un gran proyecto universitario sobre esta parte de la realidad local, especialmente en estos tiempos en los que, nuevamente, se evidencian verdades no siempre develadas de las “conquistas” de algunos de estos grupos que, indefectiblemente, se las concreta con recursos del erario nacional, es decir con el dinero de todos los ecuatorianos.
En el espacio cultural en el que actúan los grupos de presión se encuentran algunos factores y conceptos de la civilización como la libertad y el derecho de asociación, el trabajo y la tecnologización, así como la equidad social y el bien común. Además, claro está, de los intereses específicos de los ciudadanos que se coaligan con el fin de obtener mejores condiciones en sus relaciones con el Estado.
Con la Revolución Francesa se posicionaron en la vida social dos ámbitos políticos que inicialmente podrían haber pretendido ser excluyentes de otros: el Estado y los ciudadanos, en el sentido de que éstos cuentan -teóricamente- con aquel para la efectiva resolución de sus problemas sociales, sin que exista necesidad de intermediarios en esa relación bilateral. En algunas ocasiones, los estudiosos del tema, pueden considerar a la organización de individuos para defender intereses, como un atentado al bien común. De esa concepción a otra más radical que describe a los grupos de presión como una amenaza al Estado y a la unidad de la nación, el paso fue dado sin mayor reflexión. Todo esto, en el tradicional análisis de un sector de la academia de la Europa continental.
En los Estados Unidos, el tema fue y es diferente. Los grupos organizados son considerados como legítimos actores políticos desde muy temprano en su historia. Ellos, no sienten que van en contra de la democracia. Se asume que la representación democrática encarnada en el congreso y en las otras funciones del Estado, no es suficiente para que la voluntad popular y sus intereses sean captados en su verdadera dimensión al momento de la toma de decisiones políticas. Así, los grupos de presión, asumen la defensa de los intereses de sectores sociales frente al poder político constituido.
La presión, elemento esencial como se dijo, puede ejercerse también para incidir en la opinión pública, instituciones sociales, partidos políticos y en otros grupos. Siempre, en esa relación, existe una cierta amenaza de acción o insinuación de posibles favores, con el fin de influenciar a la instancia a la cual van dirigidas sus pretensiones.
La realidad social está llena de grupos de presión que aparecen, desaparecen y adquieren sentido cuando han logrado sus objetivos. Se entiende, entonces, por grupos de presión a aquellos organizados o no, formales o no, que representan tendencias, tipos de pensamientos o acciones que en ocasiones compiten con el poder y luchan por un conjunto de peticiones.
Los grupos de presión en el Ecuador
Si partimos de que un grupo de presión es el conjunto de personas que se organizan para lograr que el poder público reconozca sus intereses, entre nosotros los hay en diferentes ámbitos de la sociedad. Hay unos que gestionan poderosos intereses multinacionales y hay otros que luchan por mejorar sus condiciones de vida.
Los comerciantes están organizados para cumplir una serie de objetivos que tienen que ver con la formalización de su actividad en el país, el fomento de la competitividad y la defensa de los intereses de sus miembros. Los industriales y productores también lo están. Los colegios profesionales igualmente. Los trabajadores, los transportistas, los taxistas. Los estudiantes. Los habitantes de los barrios… Existen tantos grupos de presión como intereses que movilizan a la gente a unirse y a luchar por ellos.
La Constitución ecuatoriana reconoce y garantiza el derecho a la organización en el país. Así, desde el punto de vista de la legalidad de esta realidad, todos debemos respetar la decisión de la gente de unirse con el fin de ejercer presión para que sus legítimos intereses sean reconocidos por el poder político y por la sociedad en general. Sin embargo, también la Constitución y el derecho, establecen que de manera forzosa esas asociaciones, se enmarquen en el respeto a los principios de buena fe, solidaridad con la sociedad y no solamente con sus asociados, búsqueda de la equidad y construcción colectiva del bien común.
En esta ocasión, insisto en lo que he manifestado a lo largo de decenas de años y que sostiene que la ley, no representa en su totalidad al derecho, pues este último concepto tiene una naturaleza tripartita, a saber: la norma, el hecho y el valor.
Para comprender cualquier situación desde el punto de vista jurídico, se lo debe hacer desde la ley que la regula (la norma), la realidad social de la cual forma parte ese acontecimiento (el hecho); y, desde los principios éticos que dan fundamento y justificación al sistema jurídico (el valor). No debemos olvidar que la fuerza y la sanción, elementos consustanciales al derecho, encuentran su justificación en la afirmación de que el sistema jurídico existe para la justicia, valor supremo que cobija a constituciones, leyes y normas.
La ley no es el derecho. Es uno de sus elementos, nada más
Desde esta perspectiva, validada de manera general en el mundo y aplicada en gran medida en la convivencia de muchos pueblos, pero no así en el Ecuador, el texto de una ley no es suficiente para entender una situación jurídica y tampoco para resolverla. La ley es fundamental, claro está, pero es un elemento más de una estructura cuyas partes son diversas: costumbre, jurisprudencia, doctrina, lenguaje y lógica jurídica, principios del derecho y teoría de la interpretación, para citar a los componentes más importantes del sistema.
Con esta precisión proveniente de la Filosofía del Derecho y de la Teoría General del Derecho -únicamente mencionadas o tratadas superficialmente en las escuelas de Derecho del Ecuador- podemos proponer que a ciertos grupos de presión en el País no les interesa el bien común, así como tampoco la equidad de sus conquistas en relación a los intereses de otros ciudadanos que no están asociados, ni la justicia social tan declamada y en realidad tan alejada de sus beneficios, porque lo que se persigue y se consigue, es la protección a rajatabla de sus intereses corporativos o gremiales, al margen de la buena fe exigida en toda acción jurídica, así como de la búsqueda de la justicia y del bien común.
Por:
Juan Morales Ordónez
