El último sistema frontal, que la noche del jueves y el viernes dejó cerca de 60 milímetros de lluvia por metro cuadrado y vientos de 120 kilómetros por hora en la Región Metropolitana (RM), ha desatado una ola de protestas en Chile y dejado a la vista las falencias de las principales empresas eléctricas del país, privatizadas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989).
A causa de la tempestad, varios cientos de miles de personas se quedaron sin suministro eléctrico la madrugada del viernes en la RM, donde vive más del 40 % de la población chilena, y tres días después, más de 360.000 personas siguen sin energía, tanto en los barrios más acomodados como en los más pobres.
«Me siento como si viviera en el tercer mundo, como si hubiéramos regresado a la edad de piedra», se quejó a Efe una abogada afincada en el sur de la ciudad.
«Afortunadamente, tenemos un generador y baterías para cargar los móviles. Pero todo es eléctrico en el edificio, no hay calefacción y estamos pasando mucho frio. Es increíble que esto pase en una capital», agregó.
En la misma línea, una ejecutiva de alta empresa con domicilio en la precordillera explicaba que en su zona el viento desarraigó una decena de árboles y que varias manzanas, entre ellas en la que está su casa, están sin electricidad por caída de cables, que en la capital chilena no están soterrados.
La dramática situación, que se repite también en las provincias centrales azotadas por el temporal, han desatado cacerolazos y otras formas de protesta en diversos barrios, y este lunes afectó incluso a la movilidad de la capital ya que muchos de los autobuses eléctricos no estaban operativos.
En este contexto, Enel, que junto a CGE son las principales suministradoras eléctricas de la RM, aseguró este lunes que no podrá devolver el suministro a cerca de 270.000 personas antes de la madrugada del miércoles.
Denuncias del Gobierno y los alcaldes
El domingo, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, tachó como “vergonzosa” la respuesta de Enel por los cortes de luz y anunció que el Gobierno emprenderá acciones legales.
“Nos parece que la respuesta que ha entregado Enel ha sido vergonzosa, porque no ha cumplido en materia de reposición en los tiempos que se ha comprometido formalmente”, advirtió.
«El Gobierno va a hacer uso de todas las facultades que le entrega la ley para perseguir las responsabilidades, aplicar las sanciones, pero también forzar los compromisos que no tiene con el Gobierno, sino con sus clientes, con las familias que todos los meses pagan por su servicio”, agregó.
Igualmente, los alcaldes de las comunas de Las Condes, una de las más ricas de la capital, y Maipú, anunciaron que planean presentar una demanda colectiva contra las empresas responsables, invitando a los vecinos afectados a unirse a la acción legal.
“Es impresentable que ante cada temporal, independiente de su magnitud, miles de vecinos de Maipú tengan que sufrir por días la interrupción de un servicio tan fundamental como es la electricidad. En nuestra comuna este fenómeno no solo afecta a familias completas, sino también al comercio, al alumbrado público y semáforos, entre muchas otras áreas”, remarcó su alcalde Tomás Vodanovic.
Un problema recurrente
No es la primera vez este año que un sistema frontal causa estragos en el sistema eléctrico de una capital con más de ocho millones de habitantes.
Una situación similar el pasado 7 de mayo llevó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a aplicar dos multas por valor total de casi 4 mil millones de pesos (4,2 millones de dólares) a Enel por no ofrecer información fidedigna y probarse que incumplió el tiempo legal establecido para reparar los fallos.
Entre 1985 y 1990, la última fase de la dictadura militar, fueron privatizadas múltiples compañías públicas del país suramericano en los sectores productivos, industriales, de transporte y energéticos, entre ellas la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa).
Durante los últimos años, ha sido investigada por la Fiscalía Nacional Económica por «conductas contrarias a la libre competencia«, y las autoridades apuntan al carácter «monopólico» del sector que los deja sin alternativa frente a un escenario de emergencia. EFE
