Que la educación debe ser política nadie lo discute. Cada vez parece más nítida la conexión entre la calidad de la democracia y la educación de sus ciudadanos, que no solamente debe representarse en el ejercicio electoral sino en un conjunto de prácticas y conductas que permitan la convivencia armónica de las diferencias y la resolución razonable de los conflictos. Lo que sí debe discutirse es el contenido que precisa esa educación en contextos específicos que deben ser leídos de la manera más amplia y crítica. En sociedades devenidas de escabrosos procesos nacionalizantes como el caso de Ecuador, la educación cívica, por ejemplo, sirvió para afianzar los valores patrios en un ambiente de duda sobre la proyección y promesas de la ciudadanía. En la actualidad el -para muchos- fallido proyecto nacional-estatal, vuelve a introducir a la educación cívica como una respuesta al profundo descrédito de la institucionalidad democrática, la anomia, la violencia, y las afectaciones a la convivencia civilizada que ni la educación para la democracia, ni la educación para la ciudadanía pudieron cambiar, y nada garantiza que la cívica, con sus limitaciones y sesgos, pueda hacerlo. Luego, lo que se requiere es una verdadera educación política que parta cuestionando los cimientos políticos y económicos en los que todavía se sostiene un Ecuador en profunda crisis. (O)
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