En estos tiempos los juicios políticos se han desnaturalizado, y, por ende, la facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional.
En democracia, la fiscalización al Ejecutivo juega un papel importantísimo. Igual la de legislar.
Los responsables de la administración del Estado, con el Presidente de la República a la cabeza, más los Ministros, deben rendir cuentas al poder legislativo.
Igual lo deben hacer otras altas autoridades como el Contralor, el Fiscal General, los miembros del CNE, del Consejo de la Judicatura, los Superintendentes, el Defensor Público y el del Pueblo, entre otros.
Sin embargo, en muchísimos casos los llamamientos a juicios políticos han tomado otra direccionalidad y casi todos bajo la acusación de “incumplimiento de funciones”.
Todo depende de quienes controlan la Comisión de Fiscalización y del Consejo de Administración Legislativa. De estos filtros depende si un Ministro u otros funcionarios como los citados, llegan o no al banquillo de los acusados.
Actualmente, tras el rompimiento de la alianza entre el Gobierno, el correísmo y el socialcristianismo, más el proceso electoral en marcha, se ha desatado una fiebre de solicitudes de enjuiciamientos políticos.
Es más, han llegado a jugar, cual ruleta rusa, con las comparecencias de los acusados; esto es, a trastocar el orden de aprobación de los juicios. Sucedió cuando el objetivo central era destronar a la fiscal Diana Salazar; o el realizado en contra del expresidente del CJ, Wilman Terán, pero para liberarlo de culpa a cambio de decir verdades a medias o de arrepentirse de cosa juzgada.
Sobrevinieron otros, cuyo fin es cobrarse cuentas por la incursión policial en la embajada mexicana y, de paso, por el repunte delictivo como si este tremendo problema fuera de “soplar y hacer botellas”.
El resto ya se sabe: no importan los argumentos de los enjuiciados, sino los votos. Así, una facultad fiscalizadora hace agua y pierde peso.
