Es tiempo para aplicar otra de las grandes “novelerías” de la Constitución de Montecristi: la revocatoria del mandato de alcaldes y prefectos.
Se la puede emplear durante el primero o el último año de gestión, bajo la acusación de incumplir el plan de trabajo presentado ante el CNE para ser candidatos.
Dichos planes, un listado de buenas intenciones, promesas y generalizaciones, casi no son conocidos ni debatidos por el electorado, peor ajustados a la realidad financiera de Municipios y Gobiernos Provinciales.
En campaña, los candidatos no suelen referirse a esos planes, sino a ofrecer, a prometer, en base a las necesidades de los pueblos, sin considerar la situación financiera de las instituciones cuyos destinos pretender dirigir.
Cuando los ganadores, no importa su línea política, se enfrentan con la realidad les sobrevienen los apuros, poniéndolos a prueba su capacidad de gestión, en varios casos, nula.
Aparecen las primeras evaluaciones, por lo general de sus adversarios políticos, asimismo desajustadas y con claro interés electoral.
Valga este contexto para referirnos al pedido de revocatoria del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a quien se le quiere revocar su mandato por haber hecho campaña electoral a favor de su coidearia Luisa González, aspirante a la primera magistratura.
Por este motivo, él ya fue juzgado; y, además, no tiene relación con el eventual incumplimiento de su plan de trabajo.
Eso tampoco implica no llamar la atención de alcaldes y prefectos, cuyo primer año de gestión les deja no bien parados; pues trabajan no con visión a mediano y largo plazo sino con miras a reelegirse y apuntalar a sus respectivos partidos y movimientos.
Muchos de ellos se han dedicado a organizar fiestas, competencias deportivas, conciertos y más programas para entretener a la gente, a pretexto de incentivar el turismo.
Una manera burda de ejercer una alta responsabilidad. Y esto lo asimilan los pueblos.
