La actual Constitución de la República de Ecuador denomina a los Gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales como “Gobiernos Autónomos Descentralizados” (GAD), un pomposo y mentiroso nombre puesto que en la práctica no son ni autónomos ni descentralizados. Una evidencia de esta afirmación y de la dependencia económica de estos Gobiernos del Gobierno central se ha dado recién, cuando este último adeuda recursos económicos a los “GAD” Municipales; a lo que habría que sumar la deuda a los “GAD” provinciales y parroquiales.
Es que Ecuador, a contrapelo de lo que dice la ley y de la retórica de los últimos Gobiernos, durante más de una década se ha dado más bien la centralización del poder estatal en manos del Ejecutivo, sin entender la importancia política que la descentralización del Estado tiene, sobre todo, para el fortalecimiento de la democracia en la sociedad.
Si en un Estado centralizado las instancias del poder político asoman concentradas espacialmente, y alejados de los ciudadanos comunes; con un fortalecimiento de los Gobiernos locales, las instancias de dicho poder asoman desconcentradas territorialmente y, sobre todo, más cercanas a los ciudadanos; con lo que sería posible transitar a una democracia más participativa.
En este sentido, la formación de Gobiernos locales fuertes permitiría un proceso de pluralización de los escenarios públicos, para un mejor procesamiento de los problemas, iniciativas, demandas, conflictos y decisiones que se dan en el país. Además, con esto, se daría también un debilitamiento de las relaciones típicamente clientelares y del ejercicio vertical o caciquista del poder, que suele caracterizar la gestión política de los Gobiernos locales.
Por otro lado, la descentralización podría ser un instrumento para la superación de las desigualdades entre regiones, provincias y cantones, y por ende para la promoción de su desarrollo; lo que supone que la descentralización no debe incluirse sólo en el marco de un nuevo modelo de distribución del poder político y de una nueva forma de ejercicio de la democracia, sino también en el marco de un nuevo modelo de desarrollo nacional.
Lamentablemente, todas estas son tareas aún pendientes que no son parte de la agenda política del Gobierno nacional. (O)
