Dos acontecimientos ocurridos en los últimos días denotan la creciente debacle institucional que está sufriendo el Estado ecuatoriano. Un primer acontecimiento que tiene que ver con la destitución del Presidente del Tribunal de lo Contencioso Electoral (TCE); y, un segundo acontecimiento que tiene que ver con la prohibición, ´por parte del Presidente Noboa, para que sus Ministros acudan a los llamados de la Asamblea Nacional.
En cuanto a lo primero, resultaría evidente que la destitución del Presidente del TCE sería una acción más política que jurídica; pues legalmente para dicha destitución no se habría cumplido el procedimiento legal respectivo, amén de que se trata de una medida adoptada por una mayoría de sus integrantes, en el marco de una situación en la que el TCE tiene que abocar conocimiento y resolver situaciones políticas polémicas, como la que hace relación a una posible sanción a la Vicepresidenta Verónica Abad por una denuncia de una supuesta campaña electoral anticipada, cundo fue candidata a la Alcaldía de Cuenca.
Con esta cuestionada destitución asistiríamos a un nuevo capítulo de un proceso caracterizado por la falta de una verdadera independencia de los órganos de control del Estado; a una nueva expresión de su politización y partidización por parte del Gobierno de turno; y, por lo tanto, a una nueva muestra de la crisis de institucionalidad que afecta al país en los últimos años.
Otra muestra de esta crisis o debacle institucional constituye la orden, dada por el Presidente Noboa, para que sus ministros no acudan al llamado de las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional, a dar información sobre temas inherentes a sus gestiones; una orden inconstitucional y, por ende, de tintes autoritarios, pues una de las atribuciones esenciales de la Asamblea Nacional es precisamente la de: “Fiscalizar los actos de las Funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias (Art, 120 No. 9 de la Constitución de la República).
Algo preocupante puesto que no es la primera vez que, desde el Gobierno actual, se trata de ejercer el poder más allá de lo que dicta la Ley. (O)
