Ningún concurso público para la designación de autoridades ha estado libre de escándalo.
Si alguien sostiene lo contrario, seguramente no vive en el Ecuador o no le importa su suerte.
Los organizados por el Consejo de Participación Ciudadana lideran la lista de concursos viciados, direccionados o reglamentados a conveniencia.
Su composición misma está contaminada. Por ello, varios de sus miembros han sido denunciados ante el Tribunal Contencioso Electoral por haber sido auspiciados por un movimiento político, aunque con otro nombre y color.
Y eso para no recordar su triste y maquiavélica historia.
El Consejo de la Judicatura es otra institución en la cual los escándalos no cesan. Siendo un organismo clave dentro de la Función Judicial, su accionar debería ser ejemplo de transparencia, de cumplimiento de la ley; pues, nada menos, en sus decisiones se ancla el andamiaje para la correcta administración de Justicia.
Pero no. Lamentablemente no es así. Nunca lo fue desde cuando fue creado, a lo mejor pensando en “tomarse la Justicia” como tantas veces se denunció y así ha ocurrido, ocurre y posiblemente ocurrirá.
También tiene un triste historial. Mejor es obviarlo por estos momentos. Además, el país lo sabe.
Justo cuando debe elegirse a once magistrados de la Corte Nacional de Justicia, salta el escándalo relacionado con la prueba de confianza tomada a los aspirantes para saber su perfil de juez, su honestidad y eventuales conflictos de intereses.
Lo ha hecho una empresa sin experiencia, y habría evaluado aplicando temas ajenos a la justicia.
Recién se dan cuenta de semejante situación, y esto también gracias a la acción de protección presentada por quienes se quedaron fuera del concurso.
El Pleno de la Judicatura analiza tan engorroso asunto; pues, de alguna forma también lo compromete.
Ya hay voces autorizadas pidiendo la repetición de la prueba de confianza, fase previa a las pruebas orales. Pero antes, ¿se puede tener confianza en el concurso?
