Resurge el debate sobre la legítima defensa y la justicia con mano propia en Ecuador, lo que sacude el panorama legal porque plantea interrogantes sobre cómo protegerse de la delincuencia sin cometer ilegalidades.

Esto ocurre después de que un joven, identificado como Yordi S., de 22 años, fuera acusado de homicidio culposo en Guayaquil por atropellar y matar a dos delincuentes que lo asaltaron y huían en una moto.

Esto ocurrió el pasado 7 de agosto y quedó registrado en cámaras de seguridad, que muestran cómo cuatro hombres, a bordo de motocicletas, interceptaron al joven, lo golpearon y lo amenazaron con armas.

Análisis de exjuez sobre legítima defensa

Tres expertos en derecho y derechos humanos dan su punto de vista sobre este tema, que ha generado controversia, pues pone a prueba los principios de justicia y seguridad.

Para Miguel Arias, exjuez en Cuenca, para que un hecho sea legítima defensa debe cumplir tres condiciones: agresión ilegítima, racionalidad del medio empleado para la defensa y falta de provocación de quien se defiende.

«La Constitución del Ecuador, que es toda la arquitectura donde se asienta nuestro sistema democrático, establece un límite, un techo, para todos los ciudadanos, para los que cumplen con la ley y los que no cumplen…», dijo.

Acotó: «Ese techo máximo nos pone un mínimo, que se llaman los derechos fundamentales y uno de estos es la vida. El artículo 11 de la Constitución declara que el más alto deber del Estado es respetar estos derechos (…)».

Justicia por mano propia por la falta de confianza en el sistema de justicia

Arias insistió en que «una sociedad caotizada, desilusionada por la corrupción y negligencia de la administración de justicia, pretende atribuirse la facultad de administrar justifica por propia mano…».

Advirtió asimismo que «… lamentablemente no tenemos un mínimo de seguridad jurídica, basado precisamente en el caos de la administración de justicia, que se ha convertido en una justicia de tipo policial y militar…».

Insistió en que los jueces tienen la obligación de garantizar los derechos humanos, los cuales son el resultado de la lucha de los pueblos y no deben ser vulnerados bajo ningún pretexto, ni siquiera para combatir la inseguridad.

Demostrar legítima defensa para evitar sanciones penales

Para Rubén Calle, abogado y presidente del Colegio de Abogados del Azuay (CAA), para determinar si un hecho es legítima defensa se debe identificar cuál fue la razón de la actuación…».

Detalló: «para que haya responsabilidad o imputabilidad, que se denomina en derecho penal, la persona tiene que actuar con conciencia y voluntad, con lo que se evidencia si fue un ataque o una defensa…».

Acotó: «si fue en defensa propia puede llegarse a eximir la responsabilidad, o la sanción puede ser mínima si es que se determina que fue desproporcionada la defensa…».

Asimismo, añadió que, si se determina que hay arraigo y no existe peligro de fuga, es pertinente que las personas investigadas no reciban prisión preventiva y puedan ejercer su defensa en libertad.

Según Calle, la investigación de estos casos debe reunir una cantidad suficiente de pruebas que permitan formar una convicción clara sobre la actuación de la persona que sostiene haber actuado en defensa propia.

Derechos Humanos se deben respetar sin condiciones

Para Xavier Albarracín, abogado e investigador en derechos humanos, la creciente inseguridad y violencia en Ecuador motivan a la sociedad a reaccionar de manera desmedida.

«Asimismo, esta sociedad exige a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que actúen de manera desmedida, sin respetar los derechos humanos… La sociedad está buscando satisfacer sus deseos de venganza…», dijo.

Advirtió: «Hay un discurso que ha ido consolidándose, afirmando que los derechos humanos son solo para los delincuentes, pero sabemos bien que los derechos humanos son para todos…».

Albarracín hizo un llamado a los administradores del sistema judicial para que garanticen precisamente la justicia, que está desacreditada y ha provoca desconfianza en la ciudadanía.