En la Constitución actual de Ecuador dentro del Órgano Electoral del Estado, a más del Consejo Nacional Electoral (CNE), está el Tribunal Contencioso Electoral (TCE); una institución que, según el artículo 221 de la Constitución, tiene como una de sus funciones la de: “Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales”.
Es una institución que desde su existencia no ha tenido mayor protagonismo, pues en general los conflictos político-electorales o las demandas por incumplimiento a las normas electorales no han sido muchos; además de que se había notado cierta imparcialidad en sus actuaciones.
Sin embargo, dada la creciente polarización política y el deterioro institucional que actualmente vive el país, el TCE ha adquirido un protagonismo mayor, pues cada vez más ciertos actores políticos acuden con demandas ante este organismo, con el objetivo de buscar sanciones contra rivales políticos, particularmente cuando estos rivales ocupan ciertos cargos a los que llegaron por elección popular, como es el caso de la Vicepresidenta Verónica Abad (demandada por una supuesta campaña electoral anticipada), de Alcaldes como el de Quito (que finalmente sólo recibió un sanción pecuniaria) y Guayaquil (demandado por una supuesta “violencia política”). La reciente destitución de dos consejeros principales y dos suplentes del “Consejo de participación ciudadana y control social” (CPCCS), por parte de un juez del TCE, constituye precisamente el último caso de lo que estamos analizando.
SI el TCE actuará de la misma manera y con la misma agilidad en todos los casos no debería llamar la atención y, más vale será un signo de una justicia electoral independiente y democrática; empero, el tratamiento diferenciado de los casos y de las consiguientes sanciones, darían cuenta de que el TCE ha terminado (al igual que otros órganos de control del Estado) politizado y partidizado, o funcionalizado a los cálculos políticos del Gobierno de turno. Una situación que sería preocupante, sobre todo, cuando vamos a vivir un proceso electoral y en el que se podría correr el riego de tener un TCE a favor de uno, o de algunos de los actores políticos electorales. (O)
