Los extensos períodos de sequía que atraviesa el país traen como consecuencia serias afectaciones a nivel del ecosistema, es el caso de los incendios forestales, y al mismo tiempo, regresa la amenaza de cortes de energía eléctrica y del servicio de agua potable.
Pese al negacionismo que existe entre algunos sectores, las consecuencias del cambio climático son reales y están afectando de manera directa a la provisión de los servicios públicos. Frente a ello cabe preguntarse, ¿Sí es tiempo de repensar el modelo?
Revisemos dos situaciones: En el primer escenario se encuentra que, la mayor parte de la provisión de energía eléctrica del Ecuador proviene de la infraestructura hidroeléctrica, la cual si bien es cierto lleva el membrete de “energía limpia”, es susceptible de problemas a causa de la merma de precipitaciones. Sumado a ello, la reforma legislativa realizada a inicios de este año (Ley Orgánica de Competitividad Energética), no atacó al fondo del problema que consiste tanto en diversificar las fuentes de energía (solar, eólica, etc.), pero a la vez una política que permita la liberalización en el sector eléctrico, lo cual no significa la temida privatización (venta de la infraestructura y consecuente manejo de un tercero), sino que por medio de un contrato de concesión u otros, un oferente privado que cuenta con el “know how” (saber hacer) y el capital, brinde el servicio al Estado, el cual evidentemente ha quedado demostrado, tiene deficiencias para la prestación de este servicio.
Mientras que, el segundo escenario, enfrenta al reto en la prestación del servicio de agua potable, tanto de los operadores públicos municipales, así como comunitarios. Pues, si bien es cierto hace falta trabajar en soluciones basadas en la naturaleza (SBN), que garanticen la continuidad en el suministro, tales como: humedales artificiales, infraestructura verde urbana, conservación y restauración de bosques, etc.; vale la pena debatir, sí hace falta la construcción de infraestructura gris, tales como embalses, represas, acueductos, trasvases, etc., los cuales si bien es cierto, pueden generar importantes impactos a nivel de los ecosistemas, en las cuencas en las que se utilizan garantizan la cantidad para la dotación del servicio de agua potable.
Es tiempo de cuestionar el sistema, y debatir alrededor de los escenarios que pueden provocar las largas sequías a nivel local, regional y nacional. La academia, gremios profesionales, políticos y ciudadanos somos responsables en tomar las mejores decisiones que permitan la sostenibilidad en la prestación de estos servicios públicos. (O)
