El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) ha presentado un «recurso de agravio constitucional» para que se pida al Tribunal Constitucional (TC) que emita una resolución sobre la inhabilitación de diez años para ejercer cualquier cargo público que le impuso el Congreso en abril de 2021.
El exministro Alejandro Salas, vocero de Vizcarra, declaró este martes en la emisora RPP que el recurso fue presentado ante la Corte Superior de Justicia de Lima, que ahora deberá derivarlo al TC.
«Consideramos que no se ha respetado el debido proceso y es eso lo que finalmente se va a tener que dilucidar en el Tribunal Constitucional, con lo cual se agotaría la vía interna y nos queda la vía supranacional, de acuerdo con lo que dispone la Constitución», señaló.
El Poder Judicial de Perú ratificó el pasado 1 de septiembre la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante diez años que le impuso el Congreso a Vizcarra por su presunta vacunación irregular contra la covid-19, en octubre de 2020.
Esta sanción impidió que el exmandatario asumiera el cargo de congresista para el que fue elegido con la mayor votación nacional en los comicios de 2021.
Tras conocerse la última resolución judicial, Vizcarra anunció que pensaba acudir ante el Tribunal Constitucional (TC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Vizcarra aseguró que no tiene «la menor duda» de que «las inhabilitaciones serán levantadas por ser de justicia» y podrá postular en las elecciones generales peruanas del 2026.
Al respecto, el exministro Salas dijo que esperan que el TC resuelva con celeridad este recurso, ya que es «el último estadio a nivel de la justicia interna».
Agregó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya tiene conocimiento del caso y consideró que se trata de una «venganza política» para evitar que postule en procesos electorales.
Vizcarra ya ha acudido ante el TC para pedir que se anule otra inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años que también le impuso el Congreso en 2022 por supuestamente haber tenido vínculos con empresas del sector cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Por este caso, el pasado 27 de junio, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso, por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones, en agravio del Estado.
El exmandatario también afrontará desde el próximo 28 de octubre un juicio oral por dos casos de presunta corrupción cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua, entre 2011 y 2014, según determinó el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.
Además, el Congreso oficializó una acusación penal en su contra por delitos de corrupción, por la presunta contratación irregular durante su mandato de un cantante, con el que supuestamente tenía cercanía, por el Ministerio de Cultura. EFE
