“A paso de vencedores” camina el concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado, dícese la autoridad con más poder en el país.
Un siempre cuestionado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cppcs) aprobó el respectivo reglamento. Su contenido es ampliamente criticado por jurisconsultos de inobjetable capacidad y conocimientos.
Lo temido, lo advertido, no solo por ellos, sino por diferentes sectores ciudadanos preocupados por la alicaída administración de justicia, se ha cumplido.
No sería un concurso como para escoger al mejor jurista, no solo conocedor del derecho penal sino con los más altos valores éticos y morales, amén de ser catedrático universitario, autor de libros, pero de libros de verdad, de haber obtenido un PhD, no una simple maestría y en una universidad de tercera, o de tener la elocuencia necesaria como para defender y sostener el alcance de las investigaciones, sobre todo de sustentarlas con convicción ante los jueces.
Al contrario, se estaría permitiendo la llegada de profesionales de dudosos pergaminos, útiles para los intereses políticos; en otras palabras, de querer ser fiscal general con solo declararse indígena, montubio, hablar quichua o vivir en los sectores rurales. Serlo no es el problema, cuanto por los puntos en juego.
Ante tal situación, cierta clase política está de plácemes; pues aspira a poner al nuevo fiscal general. Tiene sus propios operadores jugándose al todo o nada.
A más de las voces críticas provenientes de algunos juristas de prestigio, de directivos del Colegio de Abogados de Pichincha, o de un sector del periodismo de opinión, la sociedad ecuatoriana en sí misma está impávida.
¿En dónde está la criticidad de la Academia, de los demás Colegios de Abogados, del sector empresarial?
Ojalá el Reglamento no ahuyente la participación de los mejores abogados penalistas, cuya especialidad debe primar sobre las otras. Sería lo peor. ¿O a esto apuntan?
