La fiebre reeleccionista parece ser otro loco afán de los políticos, llevándolos al cortoplacismo, a mantener viejas estructuras administrativas y financieras con el objetivo de cuidar los votos, bajo el argumento anodino de “gobernar por el pueblo y para el pueblo”.
Con la mirada puesta en las urnas, al mínimo asomo de una potencial derrota o del surgimiento de rivales con posibilidades de sucederle, se tornan hasta maquiavélicos, pretenden utilizar la Justicia o posponer decisiones tajantes, sin las cuales una ciudad o el país no pueden avanzar; o, si las toman, son a medias o enredadas.
De lado de la oposición, tampoco hay contrapesos encaminados a trabajar por el bien común, aun si esto, también les cueste votos y simpatías. Al contrario, hacen todo cuanto pueden para el fracaso de quien ostenta la responsabilidad ejecutiva, dígase alcaldes, prefectos, presidente de la República.
A nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, revisar tarifas de los servicios públicos, los impuestos prediales; peor reformar tasas o, de ser el caso, crear otras, resultan pecados políticos mortales. Y allí están como están.
Algunos han creado empresas municipales de agua potable, de aseo. Esta bien; pero, desde su fundación, hace 5, 10 o 15 años, las tarifas por esos servicios son los mismas, hay más burocracia, financieramente son un fracaso, agonizan, nadie les presta un centavo, mientras la calidad del servicio empeora.
Si alguien se atreve a revisar tarifas, a sacar del fango a esas empresas, les sobreviene la hecatombe política, cuyo trasfondo, a pretexto de “cuidar el bolsillo del pueblo”, es electoral, el afán por la reelección.
El Gobierno también estaría manejando la crisis eléctrica con una soterrada intención: ponerse a buen recaudo de cara a las próximas elecciones.
En política nada es al azar. Peor cuando el “derecho a la reelección” o “vivir de la política” se convierten en alucinógenos.
