En el Ecuador del tiempo de la revolución liberal de 1895 hablar de formación cívica para construir un ordenamiento jurídico que garantice las libertades ciudadanas y la participación democrática de los diferentes sectores sociales fue una paradoja por las contradicciones internas suscitadas y alentadas por las facciones rivales del mismo liberalismo, a más de los factores culturales, peculiares a los principios y valores de carácter jerárquico y en gran medida dogmático de la tendencia conservadora que pretendía garantizar la pervivencia de su limitado poder.
Determinadas instituciones y principios del liberalismo como las libertades de conciencia y opinión, la participación política y el principio de legalidad, tienen plena validez en el contexto de las responsabilidades y deberes ciudadanos que demanda el vivir en sociedad con una sólida cultura democrática, afincada en un eficaz sistema educativo que privilegia la formación cívica y moral de las generaciones que conforman la sociedad civil.
En el contexto de la concentración del poder político de carácter plutocrático, la Revolución Juliana de 1925, definió un punto de inflexión al aportar un cambio de calidad humanista y de proyecciones indudables en la organización del sistema económico con definiciones fundamentales de la producción y distribución equitativa de la riqueza, la visión moderna de la seguridad social y la necesaria seguridad jurídica que garantice la inversión pública y privada.
Pero luego de cien años de ese proceso, vemos que los tiempos de las masas al servicio de los demagogos y autócratas, el populismo con sus falacias son el caldo de cultivo de la perversión de las instituciones, de las mafias y la corrupción. Todo proceso de masificación social es negativo por sus métodos y nefastos resultados. Por eso, necesitamos un remezón de las conciencias para que despierten a la sensatez y al sentido honesto de la vida haciendo de la política el medio idóneo del bien común. (O)
