La inseguridad jurídica es uno de los escollos para la inversión privada, vista por razones ideológicas de ciertos sectores políticos como un gran pecado, como el acabose del rol del Estado, entendido este como aquel padre benévolo, obligado a dar todo, si es posible gratis para contento de las masas.
Cuando el país está arrinconado, concretamente su economía, como consecuencia de los apagones, se trata de volver la mirada al sector privado, el único con capacidad y solvencia financiera para ejecutar proyectos encaminados a enfrentar la tremenda demanda insatisfecha de energía eléctrica.
Eso recién lo entiende el Gobierno. Por eso envió a la Asamblea Nacional el proyecto económico urgente, denominado Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables.
Busca ampliar de 10 a 100 megavatios los proyectos de inversión privada, sobre todo dar las garantías de pago.
En el primer caso, debería ser mucho más la ampliación, acaso sin límites. En el segundo, todo inversionista privado debe recuperar su dinero; pero si el Estado no le garantiza, difícilmente querrá arriesgar sus capitales, sabiendo, además, los antecedentes nefastos, cuyos desenlaces solían ser las demandas ante organismos internacionales.
De manera incongruente e infantil, de la propuesta original se retira el artículo cuyo fin era, precisamente, dar aquellas garantías.
¿Cuál es el propósito de la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno, legisladora gobiernista, para haber actuado de esa forma? ¿Ella está de acuerdo?
Para expertos en la materia, hasta para quienes no lo son, sin esa regla de juego clara, el proyecto de ley nacerá muerto.
En esas condiciones nadie invertirá un centavo. La “desgracia” del país en materia energética no está para el juego estatitismo versus privatización. Ni tanto ni cuánto. El uno invierte, el otro le garantiza el pago. Eso es todo. Lo demás es romanticismo, y este, ni da luz ni da de comer.
