El estribillo del “law fare”, nació en la primera reunión de 2019 del Grupo de Puebla; su declaración colocaba este concepto como el segundo cimiento para la activación de esta asociación. En español se conoce como la combinación de law (ley) y warfare (guerra), y es considerado un mecanismo para encubrir los actos de corrupción de quienes intervinieron en la cosa pública.
Desde políticos hasta jueces tratan de convencer ser víctimas de este mecanismo. Así expresó Lula, a quien misteriosamente le anularon varios juicios, el hijo de Maduro, el colombiano Alex Saab a quien detuvieron por manejar la mafia que pulula en el gobierno venezolano. El mercenario de la justicia chueca Baltazar Garzón condenando en 2012 a 12 años de inhabilitación profesional cuando fue descubierto interviniendo sin permiso llamadas telefónicas; y hasta el propio Pedro Sánchez del gobierno español.
Bajo este manto creado por los ladrones de los erarios públicos, en el mundo se acogen a un discurso calcado para arremeter contra la justicia proba que por suerte aun sobrevive. “En América Latina verificamos que sectores del Poder Judicial vienen actuando de manera absolutamente desvirtuada de su función original, con la convivencia de los medios hegemónicos para socavar proyectos de poder alternativos al neoliberalismo, así como liderazgos progresistas. A este fenómeno se denomina convencionalmente guerra judicial o lawfare”, dijo Ernesto Samper, el ex liberal colombiano ahora empleado y miembro asesor del Grupo de Puebla.
Con este concepto han tratado de defenderse Rafael Correa, y las decenas de prófugos ecuatorianos que deambulan por el mundo argumentando su inocencia, y reiterando que son víctimas de persecución. En estos días nos despertamos con la tozudez de Cristina Fernández, a punto de ir a la cárcel, tratando de sostener una inexistente pulcritud, luego de haberse comprobado hasta la saciedad su participación en los contratos torcidos de las obras de infraestructura, cuando estuvo en el poder.
Hace tres días la Interpol detuvo a Walter Solís, ex ministro de transporte y obras públicas de Correa, pero de nada sirvió esta acción porque el gobierno de la Scheinbaum recalcó que él mantiene su libertad como refugiado; junto con Glas la justicia ecuatoriana les investiga por el presunto desvío de fondos públicos, por un monto de 367 millones de dólares, que debían destinarse a la rehabilitación de Manabí luego del terremoto del 2016. México convertida en la meca de la sinvergüencería.
Por ventaja, y para acallar a los fundamentalistas, la justicia condenó a varios neoliberales y funcionarios públicos de derecha como Danilo Carrera a quien le impusieron 10 años de cárcel por delincuencia organizada. Y en su momento los EE. UU tomó medidas fuertes contra los políticos neoliberales confesos como el expresidente paraguayo Manuel Cartez y el vicepresidente Velázquez. Con estas acciones, el tan redimido “law fare” va perdiendo piso aceleradamente. ¡Que la justicia sea implacable con todos! (O)
