El desenlace del caso Metástasis refleja cuan infiltrada por el narcotráfico está parte de la administración de Justicia en el Ecuador.
Ante el Tribunal, la Fiscalía demostró un andamiaje “científicamente” diseñado para beneficiar al narcotraficante Leandro Norero y a sus familiares.
Un caso de corrupción judicial liderado por el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; la participación del exdirector del SNAI Pablo Ramírez y, quién lo creyera, por Claudia Garzón, excomisionada de Pacificación Carcelaria, una instancia integrada de buena fe durante el gobierno de Guillermo Lasso.
Junto a ellos también fueron condenados por el delito de delincuencia organizada otros19 procesados tras 28 jornadas de juicio. Incluyen jueces, policías, abogados y hasta empresarios. Todos haciendo causa común a favor de Norero, “muerto en su ley”.
Cuando estalló Metástasis nadie imaginó la magnitud del caso, reflejo cruel de cómo el vil negocio de la droga ha permeado lo más preciado de un país: la Justicia y, de paso, a la política.
Un entramado corrupto, a lo mejor operativo desde hacía varios años, alimentado por grandes carteles de la droga internacionales y sus ramificaciones dentro del Ecuador, visibles en decenas de bandas delictivas, declaradas por el gobierno de terroristas.
El Tribunal, al dar a conocer su sentencia tomada de manera unánime pide a Fiscalía dar inicio a nuevas investigaciones contra jueces, fiscales, periodistas y abogados, nombrados en los archivos del proceso. Es decir, aún queda mucha tela para cortar.
Los sentenciados, en uso de sus derechos, apelarán la sentencia. Algunos hasta advierten con demandar al Estado ante la Corte IDH, porque, según creen, la condena no guarda relación con las pruebas presentadas.
Para el Tribunal, durante el juicio se evidenció la compra de pruebas, pago de sobornos, seguimiento a ciudadanos, periodistas y fiscales; igual la planificación para conseguir la impunidad por estos delitos.
