El presidente Daniel Noboa ha puesto una braza (literalmente) en las manos de la Asamblea Nacional: el proyecto de reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución para eliminar la asignación de recursos del Estado a las organizaciones políticas para financiar sus campañas electorales.
Una pregunta simple a la ciudadanía sobre esa propuesta es fácil de obtenerla: la mayoría estaría de acuerdo.
El descrédito de la clase política, de los partidos y movimientos, lleva a ese camino. El Estado les entrega cientos de miles de dólares cuya sumatoria arrojaría resultados inimaginables, peor si en el Ecuador hay elecciones y consultas cada dos años, o menos incluso.
Aquella norma pudo haber sido puesta de buena fe, considerando, tal como llegó a saberse, el financiamiento de campañas por parte de banqueros y de otros grupos de poder económico.
Con el paso del tiempo ese control ha sido rebasado. Con mayor razón por la proliferación de partidos y movimientos: más de 250 en total. De la partidocracia se pasó a la movimientocracia. Muchos, en el fondo, son satélites de los más fuertes y con presencia nacional. Esto les permite aplicar la consigna del divide y vencerás, como ha ocurriendo en los últimos lustros, y para las elecciones de 2025 no es la excepción.
¿O no lo refleja la calificación de 16 binomios presidenciales?
Ya existe una enconada reacción de varios asambleístas. Advierten el riesgo de un potencial financiamiento del narcotráfico y de las “grandes chequeras”. Este temor es compartido. Pero se ha visto cómo ciertos grupos delictivos, mezcla de violencia criminal y tráfico de drogas, han tenido operadores políticos en el Legislativo. Acaba de demostrarlo el caso Metástasis.
La propuesta debe rebasar el ámbito político y trasladarla a la ciudadanía, no sin antes debatir también una reforma al sistema de partidos y movimientos para impedir su proliferación cual virus en un cuerpo vulnerable.
