El país está en ascuas hasta no saber el desenlace de la situación legal y constitucional de la vicepresidenta Verónica Abad.
Tras ser suspendida durante 150 días del cargo por el ministerio del Trabajo, una decisión ampliamente cuestionada por casi todos los constitucionalistas, aguarda la resolución de una juez.
Si la audiencia no vuelve a suspenderse como la primera vez y por razones nada convincentes, se la conocerá el 9 de diciembre de 2024.
Abad, como lo señalan hasta quienes no comparten sus ideas, pero exigen respeto a la Constitución, busca la reversión de la decisión ministerial.
Ella puede ser legalmente destituida por la Asamblea Nacional tras un juicio político, previa autorización de la Corte Constitucional, siempre y cuando las causas se ciñan a lo previsto en la Constitución.
A todas luces hay un vacío legal cuyas consecuencias son impredecibles, así el presidente Daniel Noboa haya encargado la vicepresidencia a una funcionaria de su confianza, otro acto, asimismo duramente cuestionado y calificado como de abuso de poder.
La querella perenne entre los dos mandatarios lleva al Ecuador por el filo del despeñadero, motivada por el interés reeleccionista de Noboa, para cuyo caso debe encargar el poder a Abad mientras dure la campaña electoral.
Las razones de fondo por las cuales no quiere proceder en derecho se desconocen; igual la raíz de su enconada animadversión.
Empero, últimas declaraciones de Abad también abonan a la incertidumbre, como las de revisar, de ser el caso, el alza del IVA, la eliminación parcial del subsidio a los combustibles y hasta de reorganizar el gabinete.
Toda la estantería administrativa y económica trazada por el Gobierno se vendría abajo, siendo un enigma cómo quedaría la estrategia para combatir la inseguridad.
Un país acosado por tantos problemas, ávido por obtener nuevos créditos internacionales, está enfangado en una disputa en la cual sus protagonistas pierden energía y desorientan a todos.
