En el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género y al conmemorarse el Día de los Derechos Humanos, la Fundación ALDEA y UNICEF presentan los resultados del estudio “Esperando el verano: trayectorias de los niños, niñas y adolescentes víctimas de femicidio en Ecuador”, que arroja evidencia sobre cómo la violencia de género y el femicidio, como su expresión más extrema, impactan a la niñez y adolescencia.
El femicidio o asesinato de una niña, adolescente o mujer por ser mujer es un grave problema global y regional. En el mundo, una niña o mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o de un familiar. En América Latina y el Caribe, una mujer es asesinada cada dos horas. En Ecuador, desde que se tipificó este delito en 2014, han ocurrido 1.920 femicidios dejando a 1.817 niños y niñas en la orfandad, según los datos de sociedad civil. Es alarmante también que las víctimas son niñas y adolescentes mujeres en 199 femicidios cometidos en el país hasta mayo de 2024, con una tendencia creciente.
Los efectos del femicidio en las familias y particularmente en la niñez y adolescencia son devastadores al trastocar todos los ámbitos de su vida y dejarlos en mayor situación de vulnerabilidad. Así lo revela el estudio que abarcó a 76 familias con 151 niños, niñas y adolescentes:
- 2 de cada 10 familias señaló que las niñas, niños y adolescentes tiene alguna enfermedad, el acceso a servicios de salud es limitado.
- Más de la mitad (55 %) no recibe atención en salud mental.
- Si bien continúan estudiando, solo 2 de cada 10 niños, niñas y adolescentes permanecieron en la misma institución educativa luego del femicidio.
- La mayoría cambió de casa y 1 de cada 10 (16 %) fue separado de sus hermanos.
- 7 de cada 10 familias no tienen ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas insatisfechas.
- Casi la mitad de las familias (47 %) tuvo problemas para pagar los alimentos en las últimas semanas.
- 6 de cada 10 familias que acogieron a los niños y niñas no han recibido acompañamiento o asesoría.
- 51 % de las familias consultadas sí conocen y reciben el bono de orfandad, 38 % no lo recibe o conoce y el 11 % no respondió.
- 7 de cada 10 familias afirman que las medidas de reparación integral son insuficientes.
El estudio también evidencia que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes víctimas de femicidio están bajo el cuidado de mujeres, especialmente de las abuelas en el 46 por ciento de los casos. La manutención y el cuidado se vuelve aún más difícil para las cuidadoras que tienen mayor edad. Preocupa además que, si bien el 70 por ciento de las familias encuestadas afirmó tener la custodia legal, solo el 41 por ciento completó el proceso legal para obtener la custodia definitiva.
“Los niños, niñas y adolescentes que pierden a su madre o hermana por femicidio necesitan protección y reparación integral urgente. Su vida se trastoca por completo: no solo enfrentan la pérdida de su cuidadora, sino también la posible ausencia del padre o padrastro cuando este es el femicida. Su protección pende de un hilo si el Estado y la sociedad no actúan”, señala Juan Enrique Quiñónez, Representante a cargo de UNICEF en Ecuador.
Por su parte, Geraldina Guerra, Presidenta de la Fundación Aldea sostiene que “la reparación integral para las familias víctimas de femicidio es una deuda latente desde el Estado. La situación de desprotección de niños, niñas y adolescentes es alarmante, al igual que el abandono que tienen abuelas, abuelos y demás familiares cuando ocurre un femicidio. Es tiempo de implementar la Ley de Reparación con presupuestos suficientes”.
Para prevenir y abordar la violencia de género es esencial fortalecer acciones comunitarias que promuevan relaciones saludables, habilidades parentales basadas en el respeto y la igualdad de género, así como masculinidades positivas.
También es clave mejorar el sistema de seguimiento y monitoreo de las víctimas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de femicidio, así como a las niñas y adolescentes mujeres que mueren a causa de este delito, garantizando datos precisos y herramientas efectivas para responder a cada caso. Se deben implementar además acciones encaminadas a ofrecer una reparación integral a las víctimas y sus familias con apoyo psicosocial, educativo, económico y acceso a justicia, con un acompañamiento coordinado y efectivo.
