Un nuevo conflicto político ha desatado el Gobierno del Presidente Daniel Noboa, al haber hecho publicar en el Registro Oficial la Ley de mejoramiento de la recaudación tributaria, bautizada eufemísticamente como “Ley anti pillos”. (Recordemos también el eufemismo usado por el Gobierno, a inicios de 2024, cuando calificó a la Ley de eficiencia energética como “Ley no más apagones”, cuando en realidad lo que hemos tenido en los últimos meses son apagones prolongados y de muchas horas).
Se trata de un conflicto que nuevamente se basaría en la inobservancia a la Constitución y a la Ley que, poco a poco, parecería convertirse en una característica de la gestión del Gobierno nacional; inobservancia que se suma a la suspensión inconstitucional de la Vicepresidenta Verónica Abad y al ilegal nombramiento de una “Vicepresidenta encargada”.
En este caso se trata de un conflicto que no enfrenta a dos posiciones políticas, sino que enfrenta a dos instancias del poder estatal, a saber: al Gobierno con la Asamblea, pues la mayoría absoluta de esta (que incluyó a asambleístas de la RC, Construye, PSC y Pachakutik) negó y archivó el proyecto de “Ley anti pillos”, enviado con el carácter de urgente por parte del Presidente de la República. De tal manera que si éste tenía reparos a lo actuado por la Asamblea (como aquello de que el archivo debía darse en un segundo debate) lo que legalmente correspondía era interponer un reclamo a la Corte Constitucional, más no ante sí y por sí calificar como “inconstitucional” lo aprobado por la Asamblea e imponer dicha Ley; una situación que nuevamente viola el Estado de derecho, que debe primar en un régimen democrático, y coloca a Ecuador en el camino del autoritarismo.
Por otro lado, en cuanto al contenido mismo de la “La Ley anti pillos”, resulta evidente con la imposición de un impuesto a la compra de vehículos usados no se está combatiendo a los verdaderos pillos, y más específicamente el lavado de activos provenientes del narcotráfico; pues este se combate realmente persiguiendo, procesando y encarcelando a los narcotraficantes, y no participando de una parte de sus ganancias con el nombre de impuestos; amén de que dicho lavado se da sobre todo en inversiones económicas de otro tipo. (O)