El presidente Daniel Noboa y la Asamblea Nacional tensan las cuerdas hasta donde más puedan, sin importarles el estado de derecho.
A los constantes vetos totales, ocho para ser más exactos, a varios proyectos de ley aprobados por la Asamblea, se suma ahora la publicación en el Registro Oficial (RO) de la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, apellidada como Ley Antipillos.
No pasó el primer debate en la Asamblea. Más bien conminó al RO a no publicar la ley. Este organismo, como bien lo aclaró, no tiene atribución dirimente ni hacer controles de legalidad o constitucionalidad.
Procedió así por cuanto Noboa advirtió con disponer la publicación si su propuesta no era analizada en dos debates, tal como, a su juicio, lo dispone la Constitución, cuya primacía está por encima de cualquier ley o reglamento, con mayor razón al tener el carácter de económico urgente.
Aquello no ocurrió y esa advertencia se cumplió. Esto dio lugar a la pugna. Una vez más, el país es testigo de otra disputa por el trono.
La Corte Constitucional (CC) dirimirá cuál tiene la razón. Determinará si está o no vigente la ley.
¿Cuándo? Nadie lo sabe. Se tomará su tiempo según el orden de llegada de las demandas, excepto si, dada la trascendencia de la crisis, resuelve analizar lo más pronto posible.
Como toda propuesta de ley, con mayor razón si, como dice el gobierno, es para poner en vereda el lavado de activos y ampliar las competencias de la UAFE, el convertido ahora en manzana de la discordia la Asamblea debió agotar el debate.
Por el solo hecho de considerarlo como impositivo (impuesto a la compra de vehículos usados), ¿se limitó a ver el árbol pero no el bosque? Esto dio lugar hasta a suspicacias, como la expresada por el presidente Noboa. Para él, quienes se oponen a la ley son “los pillos”.
Ojalá la CC se pronuncie a la brevedad posible y zanje en un asunto, a todas luces, jurídico y político.
