La desconfianza ciudadana en las fuerzas del orden, concretamente en la Policía Nacional, les viene bien a los grupos de delincuencia organizada, como a sus operadores políticos y judiciales, un tridente delictivo presente en el país.
Aunque por los antecedentes ya no debe escandalizar la noticia, lo ocurrido en estos últimos días con un miembro de la Policía y un exjefe de la Policía Judicial del Guayas, excomandante de la Subzona de Manabí 13, y, vaya ironía, hasta “subdirector nacional de tráfico para consumo interno”, resulta escalofriante e indignante.
En Jipijapa fue detenido un policía en servicio activo. Sobre él, pesan presunciones de reclutar a menores de edad y adiestrarlos como sicarios y para el cometimiento de otros delitos. Lo habría hecho bajo amenazas, extorsión y engaños, a más de improvisar un polígono de tiro en un lugar apartado.
Sería parte de un grupo delictivo en Manabí, una de las provincias más violentas del Ecuador, donde impera el narcotráfico, extorsiones y el secuestro.
Eso confirmaría la penetración de esa actividad ilícita en los más recónditos espacios, en especial en los de la Policía, según la Constitución la encargada de velar por la paz ciudadana.
Es aberrante, criminal, reclutar a menores de edad para enseñarles a asesinar, comenzando primero por “deshumanizarlos”. Pero así opera el narcotráfico.
Lo del excomandante es igual o peor. Un operativo realizado en Ecuador y España permitió su detención; igual la de un miembro de la Marina en servicio activo, y del jefe de la banda.
Serían parte de un grupo sobre el cual pesa la presunción de haber enviado 7.966 kilos de cocaína en contenedores a varios puertos europeos.
Estos “malos elementos”, como suelen llamarlos en sus respectivas entidades al ser descubiertos, perturban la fe y la confianza, peor cuando, pese a la lucha antinarcóticos, la ola criminal no da tregua, o se la subestima aprovechando la precampaña electoral.
