Según el Código de la Democracia, quienes buscan la reelección para el mismo cargo obtenido en las urnas deben pedir licencia sin sueldo para hacer campaña.
Esta aspiración la tienen no menos de 90 asambleístas y el presidente Daniel Noboa.
Como en el Ecuador la ley casi siempre se la quiere acomodar según los intereses y abundan las interpretaciones, con mayor razón si hay jurisprudencia sobre el caso, aquella norma es objeto de un manoseo sin igual.
El meollo del asunto radica en si Noboa necesita o no pedir licencia. Para unos no, por cuanto su actual periodo presidencial es la terminación del dejado por Guillermo Lasso al declarar la muerte cruzada. Para otros, sí.
En esa encrucijada, entre política y legalista, está el país, abonada con declaraciones de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, para quien, si Daniel Noboa no pide licencia, los asambleístas en funciones tampoco deberían hacerlo.
Un pronunciamiento ambiguo, por demás inoportuno. Ha desatado una ola de críticas y de contraposiciones dentro del mismo CNE.
Pero al margen de esas circunstancias está la ley, a la cual debe ceñirse todos los ciudadanos; igual las instituciones públicas encargadas de hacerla cumplir, entre ellas el Consejo Nacional Electoral.
Pero, sobre todo, está la ética, en este caso de los candidatos a la reelección para el mismo cargo, concretamente del candidato Noboa.
No sujetarse a ella también es una forma de corrupción. Incluso si alguna autoridad electoral o constitucional le diera la razón, debería, por decencia, dejar el cargo temporalmente.
Participar en igualdad de condiciones es uno de los preceptos de una elección popular.
Si el presidente no llegare a pedir licencia, durante la campaña nadie sabrá si sus actuaciones y declaraciones las hace como tal o como candidato, amén del eventual uso de los bienes públicos.
Igual conclusión cabe para los asambleístas.
Señores candidatos, transparencia ante todo.
