La vicepresidenta suspendida de Ecuador, Verónica Abad, que está pendiente de que una jueza se pronuncie sobre la legalidad de la suspensión que le impuso el Gobierno de Daniel Noboa, insiste en acusar al presidente de tener una actitud «dictatorial» y confía en que la Justicia saque al país del «hoyo» en el que, según dice, se está adentrando.
En una entrevista con EFE, Abad afirma que Noboa «no quiere cumplir con el mandato constitucional» de delegar en ella el cargo cuando deba pedir licencia para hacer campaña electoral, en su búsqueda de la reelección en 2025.
«(La suspensión) es un acto violatorio, es un acto de una persona claramente dictatorial», reiteró Abad, quien manifestó su esperanza de que la Justicia le ampare y acepte su petición de anular la suspensión de cinco meses que le aplicó el Gobierno por un presunto abandono del cargo.
Este es uno más de los episodios del enconado enfrentamiento entre Noboa y Abad, que comenzó durante la campaña electoral de 2023 y que se plasmó al llegar al poder, cuando el mandatario la envió como embajadora a Israel con la misión de buscar la paz entre israelíes y palestinos.
La suspensión se basó en que, cuando el Gobierno aceptó trasladarla a Turquía por las crecientes tensiones en Oriente Medio, no viajó en el plazo fijado, si bien la vicepresidenta sostiene que sí lo hizo dentro del tiempo permitido por ley.
Esta sanción le impide asumir las funciones presidenciales durante la campaña electoral que se desarrollará entre el 5 de enero y 9 de febrero de 2025, y se da después de que Abad denunciase a Noboa por violencia política de género, al acusarlo de liderar un presunto acoso hacia ella para forzarla a dimitir.
Fruto de ello, el Gobierno ha acusado a Abad de buscar un «golpe de Estado» para sacar a Noboa del poder, mediante esa demanda que se dirime en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
«Vivimos en un Estado fallido»
La jueza que evalúa la legalidad de la suspensión «es ahora la esperanza que de que todavía Ecuador puede salir del hoyo en el que se está introduciendo», dijo Abad después de señalar que «vivimos tiempos tiránicos y despóticos«.
Ello porque -a su criterio- Noboa quiere influir en otros poderes del Estado e imponer decisiones como la designación de la secretaria nacional de Planificación, Sariha Moya, como vicepresidenta encargada, en un acto sin precedentes.
«Estamos viviendo en un Estado fallido: ya no hay justicia«, insistió Abad, quien considera un «capricho» de Noboa el que no quiera delegar en ella la Presidencia.
Si la jueza falla a su favor irá inmediatamente a las oficinas de Vicepresidencia. Si es contrario, apelará inmediatamente y acudirá a la Asamblea Nacional (Parlamento) para que eleve a la Corte Constitucional la consulta de si el presidente debe o no dejar el cargo temporalmente para hacer campaña electoral.
OEA y Corte IDH «al tanto»
Apuntó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) «están al tanto de lo que ocurre» en Ecuador pues hay «una preocupación internacional muy grande».
En caso de asumir las funciones presidenciales, Abad planea «velar por la transparencia del proceso electoral» desde el Ejecutivo.
«No puede malgastar el recurso de los ecuatorianos en la campaña política de una persona, por principio de ética y de moral«, dijo Abad, quien antes de asumir el cargo tuvo encuentros con el líder del partido de ultraderecha español Vox, Santiago Abascal, y con la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel.
Indicó que, además, hay temas prioritarios como el económico, migratorio y la crisis energética, que en meses pasados llevó a apagones de hasta catorce horas diarias.
Poca confianza en Tribunal Electoral Abad también ha sido demandada por violencia política de género por la asesora presidencial Diana Jácome, un caso cuya audiencia se ha fijado para el 27 de diciembre y en el que la demandante pide el retiro de sus derechos políticos por dos años, con lo cual no podría ejercer cargos públicos.
Abad dijo tener «poca confianza en el TCE», por lo cual centra allí su preocupación sobre su futuro político y judicial, pues sobre ella, que ahora goza de inmunidad (fuero), pesan tres denuncias penales y cuatro ante el TCE.
Según ella, su denuncia contra Noboa está en «stand by» (en pausa) en el TCE tras una primera audiencia de casi trece horas, realizada hace dos meses. Para Abad es curioso que se haya anunciado la audiencia para el 27, después de que el Ministerio de Trabajo no pudiese justificar ante la justicia bajo qué ley la suspendió del cargo por cinco meses. EFE
