Un juez de Garantías Penales de Guayaquil dispuso la libertad de un peligroso delincuente capturado en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay. Aquí hizo su centro de operaciones como líder de uno de los grupos criminales declarados por el Gobierno como de terroristas.
El Bloque de Seguridad del Ecuador, el cual son parte el Ministerio del Interior y la Policía, expresó su total rechazo a la resolución del juez.
Se trata, dijo el organismo, “de una desnaturalización de las garantías constitucionales”.
Por medio de este recurso, muchos antisociales capturados y con un amplio historial delictivo a su haber, han salido libres. Regresan, orondos y con más fuerza, a seguir cometiendo delitos como asesinatos, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, de armas; en fin.
La ciudadanía suele reaccionar con indignación al conocer hechos como el ocurrido. Hasta “hila fino”, elucubra, en suma, se queja de la mala administración de justicia, si bien tampoco generaliza.
El ahora “libre” fue detenido en agosto de 2024 durante un enfrentamiento armado con la Policía y el Ejército. Eso demuestra su alto grado de peligrosidad y el de su grupo.
Y por eso rechazan la decisión del juez. Su trabajo conjunto y arriesgado resulta infructuoso. De prófugo de la justicia, el peligroso sujeto pasó a la cárcel, donde ha permanecido cuatro meses. Ahora quien sabe por dónde andará.
Mientras el cantón Ponce Enríquez, donde reina la minería ilegal, el tráfico de drogas, de armas, sigue inmerso en una ola delictiva cuya fuerza se irradia hacia la provincia de El Oro, pero también la absorbe. Las consecuencias están a la vista.
De acuerdo al Bloque de Seguridad, el SNAI registra 17 casos de presos cuya libertad la lograron a cambio de medidas sustituticas o se les revocó la prisión preventiva.
¿En dónde está la “falla”? ¿En el excesivo garantismo? ¿En el miedo de los jueces? ¿En las amenazas? ¿En los partes policiales, a lo mejor, mal realizados?
