En los últimos días, la sociedad ecuatoriana se ha conmocionado con la dolorosa noticia de la desaparición forzada de cuatro jóvenes del barrio Las Malvinas. Hemos visto el sufrimiento de sus familiares, quienes claman entre lágrimas por un abrazo, un beso en la frente, por el simple deseo de tenerlos de vuelta en casa. No hay dolor más profundo que la ausencia de un ser querido. Por eso, activistas, voluntarios y familiares se han unido en la exigencia de justicia y verdad.
El reciente dictamen de una jueza constitucional ha señalado que los militares, al detener a los menores, incumplieron las normas jurídicas que protegen los derechos de los niños y adolescentes en Ecuador. En este caso, se determinó que, tras la detención de los jóvenes, los militares no solicitaron el acompañamiento de las instituciones especializadas, como la DINAPEN (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes), cuya función es garantizar la protección de los derechos de menores en situaciones de riesgo. Las condiciones en las que los jóvenes fueron trasladados, evidenciadas en los videos presentados como prueba en la Asamblea Nacional, han sido calificadas como actos de tortura.
De acuerdo con la jueza, la responsabilidad de la integridad de los menores recae sobre quienes los detuvieron. A pesar de las afirmaciones gubernamentales de que los jóvenes fueron liberados posteriormente, la evidencia presentada por la Fiscalía demuestra que su retención no cumplió con los parámetros legales, ya que los menores debieron ser trasladados al Servicio Nacional de Adolescentes Infractores (SNAI) para garantizar su protección. En lugar de eso, se constató que los niños fueron abandonados en la zona de Taura, dejando al descubierto graves irregularidades en el accionar de las Fuerzas Armadas.
Este caso expone la urgente necesidad de revisar el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, especialmente en situaciones que involucran a menores de edad. Las consecuencias de la militarización, promovida bajo el Plan Fénix, no han solucionado los problemas de inseguridad y violencia; por el contrario, normalizan prácticas inaceptables como la tortura, el abuso de poder y la estigmatización racial. Este enfoque no es una solución, sino un atajo peligroso que agrava los problemas estructurales del país ya que no solo pone en riesgo la vida y los derechos de los ciudadanos, sino que también mina los valores democráticos que Ecuador debe proteger. (O)
@avilanieto
