El 5 de enero de 2025 arrancará la campaña electoral en pos de captar la Presidencia y Vicepresidencia de la República, 151 curules legislativas y 5 parlamentarios andinos.
Hasta allí no hay mayor novedad, excepto por la abrumadora cantidad de candidatos.
Imposible predecir, pero los acontecimientos ocurridos en este diciembre de 2024 no deberían tomarse a la ligera en materia de seguridad.
Nadie querrá el cometimiento de otro crimen político como el ocurrido en 2023 en contra del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, cuyos autores intelectuales aún gozan de impunidad.
Los secuestros, las extorciones, los asaltos no dan tregua. Se cometen a plena luz del día, ni se diga los asesinatos, la opción más rápida del crimen para saldar cuentas pendientes, traiciones y luchas por los territorios sometidos.
El asalto a mano armada a la construcción de la cárcel del Encuentro en Santa Elena, con saldo de un muerto y cinco secuestrados, no es una noticia más de crónica roja.
Treinta hombres con uniforme militar y en un vehículo similar a los del Ejército colocaron explosivos e hicieron todo cuanto pudieron, seguramente como represalia por esa construcción.
No se trataría de un acto delictivo perpetrado por la “delincuencia común”. Al contrario, confirmaría la capacidad letal del crimen organizado, encabezado por el narcotráfico, para no rendirse y medir fuerzas con el Estado.
Con aquella misma fuerza y poderío podrían actuar durante la campaña electoral, mucho más porque no querrán la posible reelección del Presidente Daniel Noboa, quien les declaró la guerra, y aún así su gobierno no ha podido someterlos, precisamente por ser grupos opulentos, con poder económico y hasta político y con padrinos en el poder judicial.
Si eso no fuera sí; para, por lo menos, sembrar zozobra, caos, y, quien sabe, si hasta cometer crímenes para ensombrecer la campaña. Ojalá no resulte así.
