El 8 de diciembre de 2024, Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años, conocidos como “los cuatro de Las Malvinas”, desaparecieron tras ser detenidos por militares en el sur de Guayaquil mientras volvían de jugar fútbol, en un caso que ha conmocionado al país y «no es un hecho aislado».
Aunque las familias denunciaron la desaparición el mismo día, las investigaciones oficiales no avanzaron hasta 13 días después, cuando la presión mediática y social obligó a las autoridades a dar respuestas.
Imágenes de cámaras de seguridad, obtenidas por la Policía en las primeras 36 horas, pero no reveladas de inmediato, mostraban a militares deteniendo a los menores.
Llamada telefónica
La última señal de vida conocida proviene del testimonio de Luis, padre de los hermanos Arroyo. Él recibió una llamada telefónica de un desconocido la noche de la desaparición. Durante la llamada, escuchó la voz de uno de sus hijos diciendo: “Los militares nos cogieron, nos metieron palo, nos están acusando de un robo, nos dejaron botados. Papá, por favor ven, sálvame”.
Posteriormente, Luis Arroyo recibió una segunda llamada anónima que le informó que los menores se habían ido. “La mafia se los llevó”.
En una declaración inicial, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, adjudicó la desaparición de los menores a «grupos delincuenciales». Después cambió la versión y reconoció que fueron detenidos por una patrulla de 16 militares porque estaban presuntamente “robándole a una mujer», pero que fueron liberados posteriormente.
Sin embargo, los familiares han revelado detalles sobre la vida de los niños, conocidos por sus actividades en la comunidad.
Josué e Ismael Arroyo son apasionados por el fútbol; Ismael, jugador federado, ganó cuatro medallas en 2024.
Saúl Arboleda es cantante y también participaba en coros sociales. Steven Medina formaba parte del programa ‘Sopita Caliente para el Alma’ de la Arquidiócesis de Guayaquil, donde recibía apoyo escolar y catequesis.
“Estaba feliz de recibir la catequesis, soñaba con ser futbolista. Un niño muy bueno, tiene cuatro hermanos, uno de ellos, Rony, es becado en Dolores Sopeña”, dijo a la prensa Susana Veloz, coordinadora del programa.
Hallazgo de cuerpos
El 24 de diciembre, cuatro cuerpos calcinados y desmembrados fueron hallados en un manglar cercano a la Base militar de Taura, donde servían los 16 militares investigados y a la que el personal forense llegó en bote.
Los cadáveres fueron encontrados a más de 40 kilómetros del lugar donde los menores fueron detenidos y subidos a una camioneta de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
El 25 de diciembre, los padres de los menores permanecieron en las instalaciones del Servicio Forense en Guayaquil, a la espera de los resultados de los análisis de huellas dactilares. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición y la calcinación de los cuerpos impidieron obtener resultados concluyentes.
Las pruebas de ADN, única técnica fidedigna para la identificación, podrían llevar entre 30 y 40 días en Ecuador. Billy Navarrete, abogado del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), indicó que, de ser necesario se solicitará la participación de laboratorios internacionales, para que el lapso de espera sea el menor posible.
“Desaparición forzada”
El 25 de diciembre, la jueza Tanya Loor aceptó un recurso de habeas corpus presentado por los familiares de los menores. Declaró el caso como “desaparición forzada”, delito castigado con hasta 26 años de cárcel en Ecuador.
En la audiencia, la jueza señaló que los 16 militares involucrados no cumplieron con los protocolos establecidos ni solicitaron la cooperación de la Policía Nacional. Los uniformados quedaron bajo custodia del cuerpo militar, por orden del ministro Loffredo, desde que se hallaron los cuerpos.
Loffredo ha asegurado que “no encubrirá a nadie“.
La Fiscalía enfatizó que no hay evidencia de que los menores se encontraran involucrados en un robo, como afirmó el Ministerio de Defensa. Además, subrayó que, en todo caso, debieron haber sido entregados al Servicio Nacional de Adolescentes Infractores.
Por su parte, el presidente Daniel Noboa sugirió a una comisión que se declare a los niños “héroes nacionales”.
Otros casos
El Comité Permanente de Derechos Humanos, representado por Billy Navarrete, ha reportado al menos nueve casos similares en Guayas y Los Ríos, señalando que las desapariciones de los menores en Las Malvinas, “no son aisladas”.
Entre otros casos recientes se encuentran los de Kleiner y Carlos Pisco, de 15 y 17 años, y Miguel Morán, de 21. Ellos fueron vistos por última vez tras un presunto allanamiento militar el 6 de diciembre de 2024 en una hacienda en el cantón Simón Bolívar, Guayas.
Las familias, que denunciaron el caso ante la Fiscalía, aseguraron que los jóvenes eran estudiantes y no estaban involucrados en actividades ilícitas. Eran oriundos de Puebloviejo, Los Ríos.
Entre otros casos figuran Dave Loor (20) y Juan Santillán, presuntamente detenidos por militares en Ventanas el 26 de agosto. Asimismo, Dalton Ruiz (35), está desaparecido en Babahoyo desde el 20 de octubre, tras ser interceptado por supuestos uniformados.
Investigaciones
Fernando Bastias, del Comité de Derechos Humanos, puntualizó que para que un caso sea investigado como desaparición forzada deben concurrir dos factores: la participación de un funcionario público y la falta de información sobre el paradero de la persona.
El Gobierno, que delegó funciones de seguridad interna a las Fuerzas Armadas en un intento de controlar el aumento de la violencia en el marco del conflicto armado interno declarado en enero de 2024, enfrenta ahora un escrutinio por este y otros casos de presuntos abusos militares.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch han expresado su preocupación. Exigen acciones claras de manera “ágil e imparcial” para esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.
Las denuncias por presunta desaparición forzada continúan en investigación. Mientras, el pueblo ecuatoriano demanda lo que toda sociedad merece: justicia, verdad y el respeto inalienable a los derechos humanos. (PNH)-(I)
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