El político peruano Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre, en el que militó la presidenta Dina Boluarte hasta 2022, será enjuiciado por presuntamente haber recibido un ilegal resguardo policial cuando fue gobernador de la región andina de Junín, informaron este jueves medios locales.
La decisión se tomó luego de que un tribunal rechazó un recurso que presentó Cerrón, quien permanece prófugo de la justicia desde hace más de un año, que buscaba anular la resolución judicial del auto de enjuiciamiento, según la resolución reseñada por el diario El Comercio.
Por este caso, la Fiscalía ha pedido que Cerrón sea condenado a 9 años de cárcel, e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante 10 años, por la presunta comisión del delito contra la Administración pública en la modalidad de colusión agravada.
El Ministerio Público señaló que, tras ganar las elecciones para ser gobernador de la región de Junín en 2018, el político pidió a la policía que designe a agentes para su custodia personal, entre los cuales mencionó a tres con nombre propio.
Según la imputación fiscal, los agentes recibieron el pago de bonificaciones presuntamente irregulares que implicarían «conductas ilícitas».
El auto de enjuiciamiento por este caso fue emitido el pasado 9 de octubre contra Cerrón y otras 13 personas por el juez Walter Camarena, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción de la Corte Superior de Junín.
Posteriormente, Camarena rechazó un recurso de ‘nulidad absoluta’ y también declaró improcedente una apelación, por haber sido presentada fuera del plazo establecido, precisó El Comercio.
El pasado 19 de diciembre, el Tribunal Constitucional (TC) peruano anuló una sentencia por corrupción dictada contra Cerrón en 2023, que lo había condenado a 3 años y medio de cárcel por el delito de colusión, por la concesión de un aeródromo cuando fue autoridad regional de Junín.
El Tribunal señaló que la Sala de Apelaciones de Junín vulneró el derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales al no especificar si el delito de colusión simple era un delito instantáneo, continuado y permanente.
En ese sentido, ordenó al tribunal que emita un nuevo pronunciamiento, en el que responda sobre los plazos de prescripción del delito para determinar si el proceso penal sigue vigente o se archiva.
Cerrón también es procesado por otros casos de presunta corrupción cuando fue autoridad regional y por la pasada campaña electoral en la que su partido presentó una fórmula encabezada por Pedro Castillo, el destituido expresidente por su fallido golpe de Estado en 2022, y Boluarte como vicepresidenta.
La Fiscalía ha abierto una investigación preliminar contra la actual gobernante por una presunta vinculación con la fuga de Cerrón, después de que su auto oficial fuera descubierto por la prensa en un balneario al sur de Lima, donde la Policía buscó días antes al líder de su antiguo partido político. EFE