El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 493, el 2 de enero de 2025, que establece un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna debido al aumento de la inseguridad en el Ecuador.
La medida, que tendrá una duración de 60 días, abarca siete provincias, tres cantones y el Distrito Metropolitano de Quito, con el objetivo de ‘enfrentar la creciente violencia y el accionar de grupos armados’.
Estado de excepción: zonas afectadas y horarios
El estado de excepción ya está activa y afecta las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como los cantones de La Troncal (Cañar) y Camilo Ponce Enríquez (Azuay).
Entre las disposiciones principales se incluye un toque de queda que será implementado de 22:00 a 05:00 en 22 cantones, a excepción de Quito.
Excepciones del toque de queda
El toque de queda contempla excepciones para ciertos sectores y funcionarios. Estos son algunos de los autorizados a circular durante el horario restringido:
- Personal de servicios de salud, tanto pública como privada.
- Miembros de la fuerza pública, seguridad privada complementaria, servicios de gestión de riesgos y atención de emergencias.
- Servicios de emergencia vial.
- Servidores públicos de la Presidencia, Vicepresidencia, Ministerio de Gobierno, Interior, Defensa, SNNAI, Asamblea Nacional, y el cuerpo diplomático acreditado en el país.
- Personal del sector exportador e industrial que trabaje en turnos nocturnos.
- Abogados y personal de medios de comunicación.
- Servidores de sectores estratégicos como energía, recursos no renovables, telecomunicaciones, agua, vialidad, infraestructura aeroportuaria y aviación.
- Prestadores de servicios de transporte, logística y transporte público.
- Personas que necesiten trasladarse hacia y desde aeropuertos para vuelos programados.
- Personas que, en el ejercicio de sus actividades económicas, abastezcan una cadena productiva.
- Servidores de la Función Electoral o cualquier persona relacionada con el proceso electoral, debidamente autorizada por el Consejo Nacional Electoral.
Las personas que se acojan a estas excepciones deberán acreditar su situación mediante credenciales o autorizaciones.
Movilización de fuerzas armadas
Una de las medidas más significativas es la movilización de fuerzas armadas y policiales, que estarán encargadas de mantener el control en las áreas más conflictivas y en los centros de privación de libertad.
Las fuerzas del orden también podrán realizar allanamientos y requisas sin la necesidad de autorización judicial, en aquellos lugares donde se sospeche la presencia de grupos armados organizados.
Justificación de la medida
El gobierno justifica la implementación de esta medida por el incremento de la violencia en varias regiones del país, incluyendo actos de mutilaciones públicas y ataques directos contra efectivos militares y policiales, especialmente en lugares como Portoviejo.
Según las autoridades, estos actos amenazan la estabilidad social.
A pesar de que el presidente Noboa ha recurrido a estados de excepción en varias ocasiones desde su mandato, este es el primer estado de excepción que incluye las provincias de Sucumbíos y el cantón La Troncal.
Control en centros penitenciarios
El decreto también señala la necesidad de reforzar el control en los centros penitenciarios, donde las Fuerzas Armadas supervisarán las operaciones para evitar fugas y reducir la influencia de grupos delictivos en las cárceles.
