A pocas horas del comienzo de la campaña electoral, el Ecuador se mantiene en vilo por saber si el presidente-candidato Daniel Noboa encargará o no el poder a la vicepresidenta Verónica Abad.
La disputa entre los dos personajes no tiene antecedentes, al menos desde cuando se reinició la democracia.
El caso es víctima del manoseo político; grotesco, además. El presidente ha vuelto a encargar la vicepresidencia a una funcionaria de su gobierno. Ya lo hizo cuando el Ministerio del Trabajo suspendió a Abad por 150 días, otra resolución burda, y, por lo mismo, desechada por la justicia, con lo cual ella recuperó sus funciones de manera inmediata.
La segunda mandataria, por decisión presidencial, debió volver a desempeñar funciones como consejera en Turquía, fijándole un tiempo determinado, pero incompatible con lo dispuesto en la Ley de Servicio Exterior.
Para el gobierno, Abad no ha cumplido y considera su ausencia temporal. Esto, según su tesis, avala el encargo hasta el 22 de enero de 2025.
Ella, en uso de sus derechos, echó mano de otra demanda ante la Corte Constitucional para impedir la ejecución del decreto ejecutivo, calificándolo de “herejía jurídica, absolutamente inconstitucional, arbitrario e inválido”. La CC deberá pronunciarse. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Ella pidió hacerlo lo antes posible. Al cierre de este editorial no se conocía nada.
Son horas cruciales para saber el desenlace de la disputa. Igual, para conocer si Noboa pedirá o no licencia sin sueldo para poder hacer campaña electoral en busca de su reelección.
Sobre este punto, según la tesis del oficialismo no lo necesita, pues fue elegido para completar un periodo tras la aplicación de la muerte cruzada.
Otros, en especial, algunos abogados constitucionalistas, sostienen lo contrario. No pocos, hasta le advierten a Noboa de jugarse su candidatura, como las de sus aspirantes a asambleístas.
Una encrucijada legal y hasta ética a las puertas de la campaña proselitista.
