Contribuyentes de los predios urbanos y rurales, desde el 1 de enero de 2025 cancelan estos impuestos en cada municipio del país.
Se trata de un ritual tributario, pagadero en cualquier época del año, aunque mientras más pronto, mejor, para merecer los descuentos previstos en la ley.
Las recaudaciones son parte fundamental de los presupuestos institucionales, aprobados con anterioridad.
En el caso de Cuenca, como sucederá en otras ciudades, junto al pago de los prediales también se cancelan las contribuciones especiales de mejoras por obras construidas, independientemente del tiempo.
Parte del deber ciudadano es cumplir con el pago de impuestos, de los cuales no se puede escapar, si bien merecer algunas rebajas sea por ser parte de la tercera edad o tener alguna discapacidad física.
Quienes administran las municipalidades, es decir los alcaldes, están llamados a invertir esos impuestos en obras cuya priorización es clave para evitar la dispersión de los recursos y hasta la duplicidad.
Los contribuyentes se muestran satisfechos si ven obras, el buen uso del dinero público, menos en gastos corrientes, peor en corruptelas, ni en seguir engordando la burocracia, así sea con contratos ocasionales.
Al ser los municipios las instituciones más cercanas a sus habitantes y, por consiguiente, a conocer y resolver sus necesidades, les obliga a no desentenderse de ellos, si es posible planificando tareas apremiantes como por ejemplo las de seguridad.
El predial es uno más de los tantos tributos impuestos a los ciudadanos, cuya carga a veces se torna insostenible; y el Estado central, o las mismas Municipalidades, suelen crear otros con cualquier pretexto o subir los existentes.
Las múltiples necesidades populares, postergadas durante varios años en algunos casos, rebasan los prepuestos municipales, no siempre alimentados con ingresos seguros ni oportunos, pero los correspondientes a los prediales en algo ayudan.
