El reciente manifiesto firmado por abogados y politólogos destacados de Ecuador agrupados en el Foro por la Democracia, resalta preocupaciones fundamentales sobre el respeto a la Constitución y las leyes en el contexto actual. Como académica comparto este llamado de atención sobre el incumplimiento de principios democráticos básicos y la necesidad urgente de restablecer la confianza en la institucionalidad.
El manifiesto deja claro que “quien es candidato al mismo cargo que ocupa y hace campaña sin hacer uso de licencia, incurre en infracciones electorales graves y muy graves”. Este incumplimiento no solo vulnera el Código de la Democracia, sino que también compromete la igualdad de condiciones en el proceso electoral, un pilar fundamental de cualquier democracia. Coincido con los juristas y politólogos en el criterio de que es inaceptable que se intente justificar que estas normativas no aplican a ciertos funcionarios, como el presidente o los asambleístas, cuando la ley es explícita en su alcance.
Además, el documento subraya que la Constitución “determina que, en caso de ausencia temporal o falta definitiva del presidente, corresponde a quien ocupa la Vicepresidencia reemplazarlo”. El acto de designar a otra persona como vicepresidenta, sin configurarse ninguna de las causales previstas –enfermedad, fuerza mayor o licencia aprobada por la Asamblea Nacional–, constituye una grave transgresión al orden constitucional. Estas acciones no solo son ilegales, sino que erosionan aún más la ya frágil confianza ciudadana en las instituciones.
Finalmente, el manifiesto condena el uso de una cadena nacional para intimidar a una jueza que dictaminó sobre la desaparición forzada de niños en Guayaquil. Recordemos que “los derechos humanos no son un instrumento de confrontación política, sino garantías jurídicas universales que protegen la dignidad humana y promueven la justicia”. Es fundamental que estos principios sean respetados por encima de intereses particulares o cálculos políticos.
La gravedad de los hechos exige que las instituciones responsables –el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, la Corte Constitucional, entre otras– actúen con celeridad y firmeza para garantizar el respeto a la ley. Los firmantes del manifiesto han alzado una voz necesaria en defensa del Estado de derecho. Como sociedad, no podemos permitir que estas acciones queden sin respuesta, porque la democracia se sostiene en el respeto irrestricto a la ley y en la rendición de cuentas de quienes ejercen el poder. (O)
@avilanieto
