Este 8 de enero de 2025 se cumplió un mes de la desaparición y posterior asesinato e incineración de cuatro niños en Guayaquil, luego de un operativo militar.
El suceso conmovió al país y a la comunidad internacional. No es para menos. Son cuatro vidas truncadas de forma vil y condenable.
Conocer la verdad de los hechos durará quien sabe cuánto tiempo, si bien lo deseable es el menos posible.
Y esa verdad no será total, total, si no se descubre y se castiga penalmente a los responsables directos e indirectos del execrable crimen múltiple. Incluso de si hubo o no actos de tortura previos.
La Fiscalía hace su trabajo investigativo. Pidió prisión preventiva para los 16 militares involucrados, y la cumplen en la cárcel de Latacunga.
El caso, según lo determinó una juez, debe investigarse como “desaparición forzada” y con “responsabilidad del Estado”. En estos días la defensa de los familiares de las víctimas inocentes pide a la Fiscalía impulsar una investigación paralela por ejecución extrajudicial.
Como se ha dicho tantas veces, el triste suceso fue politizado, naturalmente con otros fines, y de cuyas garras es necesario rescatarlo.
Tampoco faltan las controversias entre los abogados de la defensa, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, con los de los militares detenidos y ahora hasta con el Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo quien, a la par de ofrecer las disculpas públicas dispuestas por la Justicia, cuestionó la calificación de desaparición forzada y arremetió contra la juez responsable de aceptar un hábeas corpus a favor de las familias.
En el plano legal es aceptable la polémica, no así la del ministro al mezclar dos cosas diferentes y sensibles.
La Justicia debe hacer lo suyo. Nadie debe interferir, peor el Estado. Por ley, solo a la Fiscalía le corresponde la investigación. Es un clamor nacional exigir la verdad. Cuidado con la impunidad. Sería como una segunda muerte para los niños asesinados.
