Hace un año, el gobierno de Daniel Noboa declaraba el conflicto interno armado y una “guerra” contra 22 bandas delincuenciales calificadas como terroristas. Este acto, acompañado de la retórica de identificación de un enemigo, buscó tranquilizar a un país conmocionado por hechos alarmantes: la fuga del peligroso narcotraficante alias “Fito”, amenazas en vivo a periodistas de TC Televisión y detonaciones de bombas en ciudades estratégicas. La reacción inicial, que incluyó la militarización y los estados de excepción, fue aplaudida por más del 80% de la población. Sin embargo, un año después, los resultados dejan mucho que desear.
Aunque el Ecuador cerró el 2024 con una tasa de casi 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, (en el 2023 fue 47), sigue estando entre los países más violentos de la región dado que los secuestros y extorsiones alcanzaron más de 26 mil casos en 2024, una cifra superior a la del año anterior y que refleja la fortaleza financiera de los grupos criminales. Las cifras indican que la militarización no ha logrado contener estas dinámicas, ni garantiza estabilidad o seguridad a la población. El dolor de las familias en Las Malvinas, en Guayaquil es evidencia de dolorosas consecuencias.
Repetir la fórmula de estados de excepción, militarización y discursos de odio no entregarán resultados distintos. A un año de la declaración del conflicto interno armado, es imperativo que en este período electoral los ciudadanos exijan propuestas concretas, creativas y sostenibles para abordar la inseguridad. La gestión de la paz no puede quedarse en la contención militar; debe extenderse a políticas públicas integrales que ataquen las raíces del problema, desde el desempleo hasta la educación y la cohesión social. Ecuador necesita más que retórica: necesita liderazgo con visión y soluciones reales para enfrentar los problemas que, a un año después, todavía quedan sin resolver.
