Según la Constitución, los asambleístas tienen como atribuciones legislar y fiscalizar. Nada más, nada menos.
Tras nueve días de campaña electoral, muchos de los candidatos a esa dignidad hacen propuestas fuera de tono, como las de transformar el destino de las provincias, la de ellas se sobrentiende; de acabar con la inseguridad ciudadana, como si los grupos de delincuencia organizada y otras mafias, con padrinos en la política y hasta en parte de la Justicia, no actuaran desde la clandestinidad, no fueran segmentos de los grandes carteles de la droga, no tuvieran armas de alto calibre, no alimentaran la economía criminal, no serían miembros activos de la minería ilegal, no lavaran dinero, o fueran simples pandillitas a las cuales acabar como se apaga la luz de una vela.
Se les escucha prometer salud, educación, mejorar la seguridad social, y un largo etcétera, sin sustento legal, económico, ni siquiera razonable, excepto la desesperación por ganar votos, como si los electores fueran mentecatos.
Solo les falta prometer bonos, o la lluvia para evitar potenciales nuevos apagones, cuando no la energía misma y si es posible gratis.
Claro, se los permite decir, sin las repreguntas pertinentes; o se agazapan en la propaganda difundida en redes sociales, en cuyas plataformas se los ve cual falsos Mesías ofreciendo de todo.
Obvio, deben referirse a aquellos grandes problemas; pero no dicen los proyectos de ley a plantear, por ejemplo en el área económica, el punto débil del país; peor reformas a las existentes, mucho menos hablan de una posible Constituyente, con miras a poner coto a tantas falencias de fondo y de terminar con organismos supra poderosos, capaces de trabar todo y de ayudar a concentrar el poder total.
No se los oye decir cómo actuarían si volviese aquella práctica legislativa para oponerse a todo, serruchar el piso al presidente, en fin a joder y por joder.
Deben ubicarse.
