Justo, a pocos días de haberse cumplido un año de la declaratoria del estado de guerra interna para combatir a los grupos de delincuencia organizada, sicarios asesinaron a Eber Ponce Rosero, alcalde de Arenillas, provincia de El Oro.
Se trata de primera sangre inocente derramada ni bien comenzar la campaña electoral, cuyo principal ofrecimiento de los candidatos a la presidencia de la república es, paradójica e irónicamente la seguridad ciudadana.
El asesinato de Ponce Rosero se suma a los perpetrados en contra de otros cuatro alcaldes en apenas dos años: Agustín Intriago, de Manta; Brigitte García, de San Vicente; José Sánchez, de Ponce Enríquez, y Jorge Maldonado, de Portovelo. Con el de Arenillas, son tres burgomaestres de El Oro, una de las provincias con alta criminalidad.
Acabar con la vida de políticos es parte de la agenda de los grupos criminales, liderados por los del narcotráfico. Otros, como el del cantón Durán, laboran desde la clandestinidad para evitar correr la misma suerte; o toman las precauciones del caso, si bien no del todo o para nada protegidos por el Estado.
Lo advertimos. Posiblemente durante la campaña electoral, la violencia, incluyendo asesinatos como el cometido en contra de Eber Ponce, puede desbordarse, quien sabe si hasta para alimentar la incredulidad popular en la estrategia montada por el actual gobierno para combatir a esos grupos.
Los logros de esa lucha, objetivamente hablando, han sido exitosos, aunque no del todo aquilatados por críticos y opositores al régimen, pero tampoco suficientes como para garantizar total seguridad a la población, lo cual no es factible en corto tiempo y por la magnitud del enemigo, y no de un enemigo cualquiera, como lo consideran varios políticos ilusos.
Con aquel repudiable asesinato se ensombrece la campaña electoral. El Estado debe redoblar la seguridad de los candidatos según sus perfiles de riesgos, y dar cuanto antes con los matones de Ponce Rosero.
