El Concejo Cantonal abordó el 16 de enero de 2025, en el Pleno, el tema minero en Quimsacocha. Por unanimidad, con 17 votos a favor, aprobó la resolución en relación con la defensa del territorio frente a la explotación minera y a la reafirmación del respeto a la voluntad popular expresada en las consultas populares.
Entre las resoluciones señaló que, rechaza enérgicamente las acciones contrapuestas al orden constitucional y legal ecuatoriano e instó a la población a “mantenerse vigilante” sobre las medidas de reparación relacionadas con el proyecto minero Loma Larga.
Además, reafirmó resoluciones previas para proteger el agua y señaló que prohíbe la minería metálica en zonas de recarga hídrica, en apoyo el resultado de la Consulta Popular por el Agua de 2021, donde la mayoría de la población expresó su voluntad de conservar estas áreas.
Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería del Azuay, hizo una evaluación de la situación de la minería legal en la provincia en el contexto de la resolución que emitió el Concejo Cantonal.
¿Cómo evalúa la situación actual de la minería legal en Azuay, en el contexto de la resolución del Concejo Cantonal?
La sesión del Concejo Cantonal se dio en el marco de una campaña electoral donde los políticos suelen utilizar el tema ambiental para ganar votos, especialmente en Cuenca, donde se defiende el agua como si los mineros fueran los principales agresores de los recursos hídricos. En la sesión, se mencionaron posibles amenazas al recurso hídrico por parte de la actividad minera, pero no se reconocieron otros problemas evidentes, como la expansión agrícola y ganadera indiscriminada, y la parcelación de cerros y humedales, que ya están afectando estas zonas. Sin embargo, como esos temas no generan votos, no se les presta atención.
¿Cómo debería manejarse la relación entre los resultados de las consultas populares y los derechos mineros?
Estamos totalmente de acuerdo en respetar las decisiones de la consulta popular, esto es, que se dé estricto cumplimiento a lo que dispuso la Corte Constitucional en cuanto hace relación a 2021. Si alguien sostiene que no se está respetando la voluntad popular expresada en más del 80 %, debería interponer acciones legales por incumplimiento de sentencia judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha sido clara en que los efectos de las consultas no tienen efecto retroactivo y no pueden afectar derechos adquiridos que tienen constituido derecho a través de las concesiones mineras legalmente otorgadas.
¿Cuál es el papel de las consultas previas en la ejecución de proyectos mineros?
Los políticos tergiversan la información al mezclar la consulta popular de 2021 con decisiones judiciales. La consulta previa realizada (el sábado 11 de enero de 2025) en Escaleras no fue decisión de la empresa minera, sino del juez que así lo dispuso considerando que era la única comunidad indígena a consultar. Esto demuestra cómo se distorsionan los procesos.
En relación con el informe de ETAPA EP sobre el proyecto Loma Larga, ¿Cuál es su evaluación?
El informe es un insumo valioso. Coincido con el alcalde (Cristian Zamora) en que deberíamos incluir a técnicos nacionales e internacionales a la academia a los colegios profesionales para analizarlo de manera estrictamente técnica y científica, porque tenemos una versión del Ministerio del Ambiente, una versión de ETAPA y una de la empresa. Solo así se puede tomar una decisión basada en criterios técnicos sólidos.
¿Hay antecedentes similares se han dado en el país y cuáles han sido sus consecuencias?
Un ejemplo es el proyecto Río Blanco, que fue invadido y sufrió actos de violencia. Esto llevó a la empresa a abandonar las operaciones y salir del país. Como son inversiones que tiene protección, resultó en arbitrajes internacionales. Más tarde o más temprano terminaremos pagando todos los ecuatorianos las indemnizaciones que van a reclamar estas empresas.
¿Qué puede pasar en caso de instancias internacionales?
Hay que leer la parte final de la resolución de la Corte Constitucional, que dio un dictamen favorable bajo cuatro condiciones expresas, las cuales no se hicieron saber a la ciudadanía y le engañaron al afirmarles que, al votar «Sí» en la consulta, todo se paralizaba, lo cual no es cierto.
¿Qué puede pasar con la suspensión de actividades mineras legales?
Suspender la minería legal envía una mala señal a los inversionistas y fomenta la minería ilegal, que es destructiva y no contribuye al Estado. La minería ilegal genera contaminación, corrupción, trabajo infantil, trabajo informal, mientras que la minería legal ofrece ingresos al país y empleos formales. La minería es una de las actividades que más contribuye al Estado ecuatoriano. Según la Constitución, el Estado debe recibir al menos el 50 % de las ganancias.
¿En el marco jurídico cuáles son los escenarios con la empresa minera?
La empresa está dando las facilidades para que se cumpla lo dispuesto por el juez constitucional. La violencia, que no permitió (el sábado 11 de enero de 2025) la consulta libre, previa e informada, significa que hay actos de violación frente a derechos adquiridos. En este contexto, la empresa minera podría recurrir a arbitraje internacional, ya que tiene contratos y licencias.
La Corte Constitucional ya dio luz verde a la minería bajo ciertas condiciones, pero esto no se ha comunicado adecuadamente al pueblo. Debemos defender la minería responsable, siempre basándonos en criterios técnicos y científicos. (I)
Piden contrastar informe de ETAPA EP sobre la minería en Loma Larga
