Hay quienes se rasgan las vestiduras defendiendo, sin ningún análisis, la institucionalidad del Estado en Ecuador. Califican actos del ejecutivo con epítetos negativos, invocando el respeto a la democracia y a los otros cuatro poderes, dos de los cuales se crearon en el conciliábulo de la Constitución del 2008. Revisemos algunos hechos.
En un pacto evidente, Atamaint, Pita y Cia, siguen manejando el CNE con funciones prorrogadas. En reciprocidad, permitieron integrar el CPCCS a los candidatos elegidos de la Liga Azul auspiciados desde la RC, expresamente prohibido en la carta magna y en la ley, peor si se visibiliza en la publicidad a un prófugo de la justicia. Mientras el TCE lleva más de 200 días sin resolver la destitución por esta infracción “muy grave”, el miércoles pasado la nueva mayoría en la cual ya participó Franco Loor, pretendió designar al correista Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos, anulando el nombramiento de Roberto Romero Von Buchald de hace pocos días, realizado por el propio CPCSS, con lo cual quieren sembrar el caos en el sistema financiero. Nombrar un Fiscal a su medida, sería la cereza del pastel. ¿Será esto institucionalidad?
La peregrina existencia del Consejo de la Judicatura desde 2008 al cambiar su conformación y operatividad, hasta la Consulta Popular del 2011 cuando se produjeron reformas estructurales, ha roto los cánones de honestidad. Varios presidentes, seres extraños como Wilman Terán, a quien apadrinó lo peor de la clase política, hoy enrejado por su directa participación en sentencias cuestionadas, y por tener operadores de justicia afines con su espíritu transgresor de la probidad. Institución incapaz de generar y concluir un concurso para nombrar magistrados honestos, enredada en sus propios demonios y compromisos con la delincuencia organizada. ¿Será esto institucionalidad?
El poder legislativo con muchos mercaderes de la política se ha pasado en la mayoría de los casos, creando leyes absurdas de escasa ejecución práctica; además, abusando de la supuesta fiscalización, ha operado con grupúsculos de pésima reputación, para intentar y a veces destituir a funcionarios honestos del ejecutivo u otros poderes, cuyo defecto es tener un temple elevado para no vender su conciencia por baratijas. La obstrucción al desarrollo del país atenta profundamente a la institucionalidad del Estado. Para desgracia de los ecuatorianos, subirá el número de asambleístas a 151; debemos estar muy atentos, porque un buen grupo de la podredumbre parlamentaria busca reelegirse.
El Código de la Democracia debe ser modificado de inmediato, para no llegar, como el domingo pasado, a ese circo llamado “debate”. Necesitamos crear el camino para encontrar esencia, doctrina, y pensamiento ideológico profundo en las propuestas de los actores políticos. Antes de la lid electoral deben confrontarse planes de gobierno objetivos, con cifras y proyecciones muy bien analizadas. Las estrategias de quienes demuestran un combate efectivo a la corrupción fortalecen totalmente la institucionalidad del país. (O)