Mientras no existan consecuencias, los encargados de hacer cumplir la ley, seguirán haciéndose de la vista gorda para favorecer la impunidad.
Es lo que vemos desde hace meses, en el accionar dilatorio del Tribunal Contencioso Electoral, que no resuelve en segunda y definitiva instancia la denuncia presentada en junio 2024 en contra de los consejeros del CPCCS, conocidos como de la “liga azul”, por el cometimiento de una infracción muy grave, por la que ya fue destituido el otrora presidente Alembert Vera; y, los otros, sancionados en primera instancia en septiembre.
El sentido de oportunidad y urgencia no existe.
En el TCE se recurre a una y más argucias para dar tiempo a que los “presuntos” infractores campeen a sus anchas.
En este y otros casos es imperiosa una reforma legal y de ser el caso constitucional, en la que se establezcan plazos o términos fatales, cumplidos los cuáles, si no existe resolución o sentencia -según corresponda-, la consecuencia para los obligados deberá ser la inmediata destitución.
Embarcados en la reforma, de paso eliminar el engendro que es el CPCCS. (O)