Hay coincidencias, especialmente en seguridad y contra el centralismo en las propuestas presentadas por las 18 listas de candidatos a asambleístas por Azuay que participarán en las Elecciones Generales 2025, este domingo 9 de febrero.
Una de ellas es la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el objetivo de endurecer ciertas penas, tipificar nuevos delitos y eliminar beneficios penitenciarios.
Otra es la urgencia de hacer cambios en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para garantizar una mejor distribución de recursos para los gobiernos seccionales.
También concuerdan en que se debe restablecer la categoría regional para el Centro de Privación de Libertad (CPL) Azuay N° 1, conocido como la cárcel de Turi, que en la actualidad se encuentra bajo la clasificación nacional.
Asimismo, consideran que es necesario fortalecer los organismos de control, en particular la Contraloría General del Estado (CGE), con el fin de prevenir la corrupción y garantizar una gestión transparente de los recursos públicos.
Endurecer las penas plantean candidatos a asambleístas de Azuay
En particular, en las propuestas de reformas al COIP, los postulantes sugieren aumentar las penas para delitos como sicariatos, extorsiones, secuestros, violaciones, mal manejo de recursos públicos, entre otros.
También proponen sanciones más drásticas a malos funcionarios del sistema de justicia y a miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas (FF.AA.) que estén involucrados en actos al margen de la ley.
Asimismo, plantean que los presos sentenciados por casos de asesinatos, secuestros, abuso sexual, extorsiones, entre otros delitos, no salgan de prisión sin cumplir sus penas debido a los beneficios penitenciarios.
Y es que estos privilegios permiten la reducción de penas y el acceso a condiciones más favorables dentro del sistema carcelario, como la libertad condicional o el régimen de semilibertad.
No obstante, el abuso de los beneficios penitenciarios ha permitido que algunos presos, pese a ser sentenciados por crímenes graves, obtengan su libertad condicional antes de cumplir la totalidad de sus penas.
Este fenómeno ha evidenciado las fallas de la función judicial y del sistema carcelario, que no logra garantizar la rehabilitación ni la reintegración adecuada de los reos.
Combatir centralismo plantean candidatos a asambleístas de Azuay
Los candidatos también concuerdan en que las reformas al COOTAD permitirán que los gobiernos locales gestionen de manera más autónoma los recursos, adaptados a las necesidades de cada territorio.
Además, plantean que la reforma debe garantizar una distribución equitativa de los recursos del Estado para priorizar las regiones más necesitadas y evitar la concentración de fondos en pocas zonas del país.
Los postulantes de igual forma insisten en que la cárcel de Turi sea regional porque se ha convertido en un centro de operaciones de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
De igual manera, proponen que haya un enfoque más especializado en la gestión de los internos, con el fin de reducir la incidencia de estos grupos dentro y fuera de la prisión. (CSM)-(I)
Viabilidad de las reformas para seguridad y contra centralismo
Para Jhon Palacios, abogado especializado en derecho administrativo y excatedrático de la Universidad de Cuenca, las leyes deben ser objeto de reformas constantes para ajustarse a la realidad cambiante de la sociedad.
Sin embargo, aclaró que el simple hecho de reformar, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no garantiza una reducción significativa de la criminalidad, como demuestra la experiencia.
Palacios insistió en que más allá de los cambios legislativos, lo fundamental es fortalecer los mecanismos de ejecución y control dentro del sistema judicial y penitenciario.
«La seguridad debe ser vista de manera integral, hay que generar empleo, mejorar las condiciones de vida de la gente y ofrecer oportunidades de crecimiento económico y profesional…», dijo.
A criterio de Palacios, las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) no son suficientes para garantizar la descentralización.
Considera que no depende de los legisladores declarar como regional al Centro de Privación de Libertad (CPL) Azuay N° 1, pues esta es una decisión del Ejecutivo y su sistema penitenciario.
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