El Tribunal de Garantías Penales negó la noche del 29 de enero la acción de protección presentada por la vicepresidenta, Verónica Abad, que buscaba revertir los decretos emitidos por Daniel Noboa que le impiden asumir temporalmente la Presidencia durante la vigente campaña electoral en la que el mandatario busca su reelección.
Esta decisión es parte del pulso judicial que mantienen en diversos fueros judiciales Noboa y Verónica Abad, enfrentados desde incluso antes de asumir sus cargos, lo que derivó en que el mandatario se haya rehusado a entregarle el mando del país de forma temporal en este periodo de campaña electoral, que va del 5 de enero al 6 de febrero.
El tribunal se abstuvo de determinar la legalidad de los decretos en los que Noboa nombra a una «vicepresidenta encargada» para que asuma la jefatura del Estado en los días que él realiza actos de campaña electoral, al señalar que este asunto ya es materia de análisis de la Corte Constitucional, que debe pronunciarse sobre ellos en los próximos días.
Asimismo, consideró que los derechos fundamentales de Abad no se vieron vulnerados al ser enviada por Noboa a Ankara como consejera de la Embajada de Ecuador en Turquía, circunstancia que dio pie al mandatario nombrase por decreto a otra vicepresidenta de confianza a la que entregarle interinamente la jefatura del Estado.
En un primer momento nombró a la secretaria nacional de Planificación Sariha Moya y posteriormente designó como «vicepresidenta encargada» a la secretaria de la Administración Pública y Gabinete de Presidencia, Cynthia Gellibert, quien ha recibido el cargo presidencial en los tres últimos fines de semana que Noboa se ha dedicado a actividades electorales.
El argumento esgrimido de Noboa es que se considera facultado para delegar la Presidencia a quien en ese momento ejerza de vicepresidenta, lo que a su criterio no necesariamente tiene que ser en la persona que fue escogida en votación popular junto a él para ocupar el cargo.
Abad ha denunciado esta situación como un «golpe de Estado» e incluso ha exhortado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a aplicar en Ecuador la Carta Democrática Interamericana por considerar que se ha quebrantado el orden constitucional.
Abad: «La lucha continúa»
«Luego de una larga espera, hemos obtenido una sentencia negativa. La lucha continúa, para que una mujer que sea electa democraticámente nunca pueda ser objeto de discriminación o degradación. Ecuador necesita más democracia», manifestó Abad en redes sociales tras conocer la resolución judicial, cuyo abogado apeló el fallo.
«Vamos a apelar. No tenemos miedo. Tenemos la verdad y la razón y nos asiste el Derecho. Los ecuatorianos deben reflexionar cada día sobre lo que está pasando. Si nos atropellan con tanta libertad, estamos caminando hacia un abismo sin retorno. Son gestos antidemocráticos», señaló la vicepresidenta a periodistas.
Abad enfatizó que «no existen dos vicepresidentas» y lamentó que se haya llegado «a lo absurdo».
Antes de ingresar a la sala de audiencias, Abad pidió a la Justicia ecuatoriana que «pare con el abuso de poder» del Gobierno del presidente Daniel Noboa, al que acusó de utilizar «herramientas inconstitucionales» para «atropellar la voluntad del pueblo», que la eligió como «vicepresidenta constitucional».
El enfrentamiento entre Noboa y Abad comenzó durante la segunda vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023 y se hizo evidente al asumir los cargos cuando, en una de sus primeras decisiones, el mandatario la envió como embajadora a Tel Aviv con la misión de buscar la paz entre israelíes y palestinos.
Suspensión anulada
Luego el Gobierno la trasladó a Ankara por las crecientes tensiones en Oriente Medio y la suspendió por cinco meses al considerar que no había viajado en el plazo previsto, decisión que fue anulada por una jueza, lo que derivó en que el Gobierno la volviese a enviar como consejera a la Embajada de Ecuador en Turquía, de modo que no pueda estar en el país para asumir la Presidencia.
Abad ha acusado a Noboa de liderar un presunto acoso del Gobierno contra ella con el objetivo de forzarla a dimitir, y ambos se han hecho demandas cruzadas por violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
A la vez, la Fiscalía intentó incluir a Abad en un presunto caso de corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia donde está investigado su hijo Sebastián Barreiro, pero la Asamblea Nacional (Parlamento) votó en contra de levantarle el fuero, una iniciativa que sí apoyó el oficialismo. EFE
