El Azuay enfrenta una nueva coyuntura política con las elecciones a la vuelta de la esquina. Sin embargo, más allá de quién ocupe Carondelet, la provincia debe consolidar una agenda clara de prioridades y exigir su cumplimiento a cualquier administración que asuma el poder.
La protección de las áreas de recarga hídrica debe seguir siendo una prioridad innegociable. El agua que provee el Parque Nacional Cajas, junto con su riqueza en flora y fauna, es un legado invaluable que nos compete a todos. Por ello, la agenda legislativa y gubernamental debe garantizar un compromiso real con el cuidado ambiental y la preservación de los recursos naturales.
La seguridad es otro eje crítico, compartido con todo el Ecuador, pero con particularidades que requieren atención urgente. La delincuencia común es solo una parte del problema; el crimen organizado ha echado raíces en cantones como Ponce Enríquez, impulsado por la minería ilegal, y en la Cárcel de Turi, donde la violencia carcelaria tiene efectos directos en la provincia. Ambos factores están interconectados y demandan una estrategia integral que ponga al Azuay como prioridad en las políticas de seguridad y reducción de la violencia.
El desarrollo económico de la provincia no puede depender exclusivamente del turismo. La industria cuencana es un pilar fundamental del aparato productivo nacional, pero históricamente ha sido relegada por el centralismo gubernamental. La conectividad terrestre y aérea, el acceso a zonas francas, la disponibilidad de suelo industrial, la seguridad energética, son solo algunas de las múltiples demandas del sector productivo que requieren una gestión política más eficiente y decidida.
El Azuay hablará en las urnas este domingo. Lo que no está claro es si su voz será escuchada en la futura Asamblea y en el próximo Gobierno. Poner por escrito la agenda de la provincia es un primer paso; asegurarse de que se cumpla, es el verdadero desafío.
