La Policía de Ecuador con el apoyo de Estados Unidos desarticuló una red de pornografía infantil y detuvo a cuatro personas. Entre las detenidas figuran las madres que usaban a sus hijos menores de edad para producir el material de índole sexual.
El operativo se desarrolló en las ciudades de Quito y Esmeraldas.
La Policía indicó que, luego de labores de investigación e intercambio de información identificaron en Ecuador una red dedicada a la producción y comercialización de material de abuso sexual infantil:
«material audiovisual que era producido por los mismos sospechosos utilizando a sus hijos menores de edad».
El material lo comercializaban a estadounidenses, por medio de videollamadas en vivo o por transferencia de archivos por plataformas de mensajería instantánea, por lo cual percibían «generosas sumas de dinero» a través de giros internacionales desde Estados Unidos, señaló la Policía.
En ese contexto, en noviembre de 2024 en Estados Unidos fue detenido un estadounidense en posesión de material de abuso sexual infantil (MASI), quien viajaba continuamente a Esmeraldas.
Por ello, en diciembre pasado se abrió en Ecuador una investigación previa por el presunto delito de comercialización de pornografía infantil, logrando identificar a cuatro sospechosos e identificar a dos víctimas de estos abusos.
Rescate de cinco menores
Cinco víctimas de 3, 7, 11, 13 y 16 años, fueron rescatadas de la presunta red de pornografía infantil. Ocurrió durante un operativo, ejecutado por la Policía Nacional y Fiscalía en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la madrugada del 13 de febrero de 2025 en Pichincha y Esmeraldas.
Nuria Alexandra G. S., Kathiusca Maribel B. M., Rosa Gissela S. O. y George Miguel G. fueron detenidos durante la intervención. Las tres mujeres son madres de las víctimas, mientras que el hombre es abuelo de una de ellas.
La Fiscal especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) formuló cargos contra los procesados por su presunta autoría directa en el delito de pornografía, con utilización de niños, niñas y adolescentes.
La Jueza dictó prisión preventiva contra los procesados durante la audiencia de formulación de cargos.
Según la Fiscalía, la Oficina HSI de Estados Unidos alertó sobre una investigación abierta en ese país contra el norteamericano William F., en noviembre de 2024, con la premisa de que ‒desde Ecuador‒ se estaría produciendo y difundiendo material con contenido sexual en el que aparecen niñas y adolescentes ecuatorianas.
Esto se reveló cuando, en ese mes, el hombre acudió a una empresa para solucionar un problema de almacenamiento en su nube iCloud. Un empleado de la telefónica se percató de que, entre los archivos del dispositivo, existían imágenes de niñas y adolescentes desnudas.
El empleado hizo un respaldo de las fotografías y denunció ante las autoridades locales.
Estas imágenes, agregó la Fiscalía, fueron enviadas a través de contactos con números ecuatorianos guardados como “Nury y Norely”, “Gaby Tonsupa”, “Rosy” y “George”, que corresponderían a Nury Alexandra G. S., Kathiusca Maribel B. M., Rosa Gissela S. O. y George Miguel G. Ch., respectivamente.
Los reportes también indicaron que el ciudadano extranjero remitía a los procesados comprobantes de pago que hacía en una empresa de servicios financieros, presuntamente a cambio del material pornográfico.
Los montos de las transferencias que el hombre hizo a Ecuador sumaron aproximadamente 50.000 dólares.
Audiencia de formulación de cargos
En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía destacó que, según un reporte migratorio, William F. registra 35 visitas a Ecuador desde el 7 de julio de 2011 y que, además, posee una propiedad en Tonsupa (provincia de Esmeraldas).
Esta temporalidad coincide con las fechas en que los procesados mantuvieron comunicación con el fin de intercambiar material de índole sexual.
Por pedido de Fiscalía, la Jueza concedió medidas de protección para las víctimas (artículo 558 del COIP). Se dispuso la prohibición de que los procesados asistan a determinados lugares o reuniones, así como la de acercarse a las víctimas, testigos y personas relacionadas.
También se impuso la prohibición de realizar actos de persecución o intimidación hacia las víctimas o su familia, y se emitió una boleta de auxilio para las niñas y sus familiares en caso de violencia.
La instrucción fiscal en esta causa tiene una vigencia de noventa días. (I)
