Mientras el Gabinete de Seguridad gastó 2.450,8 millones de dólares en en nueve meses del llamado conflicto armado interno –sus compras son reservadas–, con resultados poco fiables –enero el mes más violento– y con claras muestras de que la militarización del territorio nacional está sirviendo más para criminalizar la protesta social y la defensa de los derechos colectivos y de la naturaleza que para disminuir la violencia sin precedentes que atravesamos –las tasas de homicidio han alcanzado niveles sin precedentes–, no podemos permitir que el proceso electoral se convierta en una mera cortina de humo que debilite aún más las frágiles institucionales democráticas que tenemos. Es tiempo de exigir respuestas claras y con sus respectivas hojas de ruta –no más promesas–, tanto a la candidata González como al candidato presidente Noboa, de la agenda social que requiere el país con urgencia. La violencia y la invasión de bandas criminales y su incursión en toda la estructura del Estado ecuatoriano responden a la ausencia de políticas que resuelvan problemas básicos como el acceso a la salud, a la educación y al empleo. Los bonos no son respuesta para alcanzar el pleno disfrute de los derechos económicos y sociales, como tampoco es la militarización que, además, ha llevado a que las fuerzas de seguridad cometieran graves violaciones de los derechos humanos. (O)
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